CIUDAD DE MEXICO, 14 de diciembre.- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, denunció en el Senado que el 42.9 por ciento de las investigaciones que esta dependencia abrió por actos de corrupción en el sexenio pasado fueron sobreseídos, es decir, se suspendió por falta de pruebas.
Anunció que hay cuatro expedientes abiertos por el caso Odebrecht y destacó que recibió la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de “aplicar la política del derecho administrativo sancionador, se van a aplicar sanciones en todos los casos emblemáticos pero, subrayó el combate a la corrupción no va a ser política persecutoria”.
Destacó que en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto esta dependencia actuó con simulación en el combate a la corrupción, con reformas incompletas que excluyeron a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas y sostuvo que la corrupción no solamente es una “mordida”, un pago aislado a una violación menor a la norma, sino un problema estructural que requiere de soluciones estructurales.
Al asistir a una reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y la de Anticorrupción, de la Cámara alta, afirmó que la visión del pasado gobierno fue corta, fallida e incompleta porque le faltó a la función pública fortalecer los procesos de prevención y erradicación de prácticas de corrupción.
Anunció el relanzamiento de la institución basada en cinco ejes: ciudadanización del combate a la corrupción y de la impunidad; democratizar las tecnologías, protección a los alertadores internos, servicio profesional de carrera y austeridad republicana, fiscalización y evaluación constante.
En su primera exposición comentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó una misión en particular: “Nuestra visión es castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, garantizar la transparencia, generar ahorros que se traduzcan en bienestar para la población”.
Destacó que en el 2018, la SFP conoció de 11 mil 864 expedientes en materia de responsabilidades que involucraron a 13 mil servidores públicos, de ese total 5 mil 597 fueron resueltos, pero 4 mil 696 se archivaron sin sanción.