(El Universal) Tepic.— Dos magistrados y cuatro jueces del Poder Judicial de Nayarit están presuntamente involucrados en una red de corrupción que despojó de sus viviendas a 40 mil derechohabientes del Infonavit en al menos siete estados, por lo que la fiscalía nayarita solicitó al Congreso local una declaratoria de procedencia para desaforarlos. Se trata de los magistrados Pedro Antonio “N” y Jorge Ramón “N”, y de los jueces Braulio “N”, Mario Alberto “N”, Justino “N” y Baldomero “N”, cuyos casos se analizan en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que iniciará los respectivos procedimientos el próximo miércoles.
La fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de los magistrados y jueces en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas para ejecutar de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco; en este caso también están presuntamente involucrados un notario y un despacho de abogados.
El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, explicó que la operación se realizó en dos etapas: la primera en los años 2013, 2014 y 2015 cuando en los juzgados de Xalisco y Compostela se llevaban procedimientos de ejecución de hipoteca, pero el despacho, en contubernio con los juzgadores, tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificando constancias, sin notificarles ni emplazarlos y sin la intervención de Ministerio Público alguno.
Todas las sentencias resultaron a favor del Infonavit, los trabajadores perdieron sus casas; éstas se adjudicaron después a 75% de su valor y en todos los casos las escrituras fueron realizadas por un mismo notario. En esta etapa de la operación, personal contratado por el despacho de abogados presentaba los documentos ante jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo y los firmaban por órdenes de los dos magistrados presuntamente implicados.
Segunda etapa. En su investigación, la fiscalía señala que la segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, en el municipio de Bahía de Banderas, a finales de 2016, donde se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas de ejecución de hipotecas; fue el mismo despacho de abogados el que realizaba los supuestos acuerdos, las notificaciones y el que los presentaba para firmas ante el juez y secretarios de acuerdos. Por estos hechos, también se ha dado aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, y al Colegio de Notarios para que investigue al fedatario implicado.
El fiscal acudió ayer a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para entregar una copia de las 8 mil fojas que integran la investigación y solicitar su intervención; además, pidió apoyo para analizar el equipo de cómputo asegurado en los juzgados. También se dio aviso al Infonavit y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que emprendan acciones.
Los delitos de los que se podría acusar a los involucrados, según la fiscalía de Nayarit son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos. Por su parte, el presidente del Poder Judicial del Estado, Ismael González Parra, manifestó que la instancia a su cargo cooperará con las autoridades para la investigación.