CIUDAD DE MEXICO, 19 de diciembre (APRO).- Mientras presentaba la “nueva política migratoria”, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, afirmó tajante que “de ninguna manera” el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptará convertir México en un “Tercer País Seguro” para Estados Unidos –pese a que existen negociaciones entre las administraciones mexicana y estadunidense en este sentido-.
Durante la presentación de la nueva estrategia migratoria del país, en la que participaron altos funcionarios del gobierno de López Obrador, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseveró que se trata de “una política de Estado y por lo tanto es soberana”.
Así como se anunció en semanas recientes, la “nueva” política migratoria promovida por el gobierno de AMLO se articulará a nivel nacional alrededor de un mayor acceso a visas para las personas centroamericanas, y a nivel internacional con el plan de inversión de Estados Unidos de 10 mil 600 millones de dólares a México y Centroamérica, que se hizo oficial ayer.
De acuerdo con el acuerdo al que llegaron Washington y el gobierno de López Obrador, la administración de Donald Trump buscará inversiones por 5 mil 800 millones de dólares para Centroamérica y otros 4 mil 800 millones de dólares para México; de éstos, 2 mil millones de dólares se destinarán de manera específica al sur del país, donde AMLO planea invertir 25 mil millones de dólares en los próximos cinco años.
Si bien no hay claridad sobre el origen de los recursos que prometió Washington ni sobre los plazos en los que los invertirá, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que se trata de una “maravillosa noticia”.
Encinas aseveró que el gobierno mexicano está listo para recibir a un grupo de migrantes similar al llamado éxodo centroamericano, pues se convocó a una nueva caravana para el próximo 19 de enero.
Tonatiuh Guillén López, el ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), mencionó que la nueva política migratoria plantea un “cambio de paradigma”, pues abandona la lógica de contención –en otras palabras, la práctica de detención y deportación sistemática que se endureció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto— y privilegia los derechos humanos y la movilidad.
Los representantes del gobierno federal aprovecharon el evento para anunciar un incremento a los fondos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019: de 20 millones 843 mil pesos planeados, los funcionarios anunciaron que finalmente estará dotada de 64 millones de pesos en recursos públicos, y posiblemente tendrá una aportación de 20 millones de pesos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón también indicó que la reducción del 82% del presupuesto de la Dirección General de Servicios Consulares como lo estableció el PEF 2019 fue “un error”, pues el documento del gobierno federal indicaba que dicha rama de la Cancillería operaría con 42 millones de pesos el próximo año, muy lejos de los 244 millones con los que contó este año.
Refugio
Guillén López, quien elaboró la propuesta de política migratoria aprobada por López Obrador, anunció que ésta contempla una ampliación del actual programa de trabajadores fronterizos: ahora, ciudadanos de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador podrán trabajar y moverse libremente en los estados de Chiapas, Campeche Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
El académico plasmó en la nueva política algunos lineamientos que había esbozado en entrevista con Proceso, entre ellos una “modernización” a profundidad del INM, para transformarlo en una institución “abierta, transparente, totalmente apegada a los derechos humanos, y que modificará notablemente la relación con la población migrante”.
Otro eje central, según Guillén, consiste en otorgar una atención “realmente digna” a los mexicanos deportados de Estados Unidos, cuya cifra se elevó a 174 mil 556 tan solo entre enero y octubre de este año.
Además de la modernización del INM, la nueva política plantea un reforzamiento de la COMAR, la cual se encuentra colapsada ante el disparo de las solicitudes de refugio en los últimos cuatro años –de 2 mil 137 en 2014 a alrededor de 28 mil este año—, cuyo número podría alcanzar hasta 48 mil solicitudes en 2019.
Andrés Ramírez Silva, el titular del organismo, aseveró que con el incremento presupuestario –que se anunció hoy, porque no estuvo contemplado en el PEF—se llevará a cabo una “contratación considerable de personal” para atender las solicitudes, aunque no respondió a Apro sobre la cantidad del personal.
Interrogado por la prensa si consideraba que el presupuesto de 64 millones de pesos era suficiente, el funcionario reviró que “es bastante razonable” y aseguró que habrá “un cambio en la calidad, ya no se trata de hacer ‘tantos casos’”.