CIUDAD DE MEXICO, 24 de diciembre (APRO).- El presupuesto aprobado en las primeras horas del lunes por la Cámara de Diputados asciende a 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos, lo que representa 23 mil 768 millones más de lo que propuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el presupuesto se reflejan reducciones al Poder Judicial por alrededor de mil 700 millones de pesos y a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que disminuyó en 950 millones; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que perdió 280 millones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuyo presupuesto cayó en 300 millones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que se le restaron casi 162 millones.
En un comunicado, la Cámara de Diputados destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019 fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
“El proyecto del PEF señala que, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el periodo fiscal del próximo año se prevé un déficit presupuestario de 503 mil 841 millones 300 mil pesos”, detalla el comunicado.
Destaca que se modificó el uso de los recursos del Fondo Regional, que se habían destinado a las 10 entidades federativas con menos índice de desarrollo humano, a efecto de que 50 por ciento se vaya a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el otro 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.
“Establece que los recursos asignados al desarrollo integral de los pueblos, comunidades y municipios indígenas, cuando corresponda, puedan ser transferidos directamente a estos, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables, con la participación que corresponda a la entidad federativa”, añadió.
En el curso de la sesión se aprobó una propuesta del diputado de Morena, Pablo Gómez, para modificar el título del anexo 23.5.2 y denominarlo “Remuneración total anual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entraron en función desde el año 2010 hasta el 2018”.
En el comunicado se detalló que “para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están en funciones desde antes del inicio de 2010, la remuneración de cada cual ha de ser igual a la que tuvieron durante el año de 2009, aunque sea superior a la del Presidente de la República”.
Se trata de los ministros Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, quienes ganarán 4 millones 169 mil 956 pesos al año.
Mientras que “los integrantes del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones, aun cuando éstas son superiores a la del Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019”.
Son los casos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez, Norma Lucía Piña y el recién electo Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes ganarán 3 millones 53 mil 608 pesos al año. A partir de 2019, los futuros ministros ganarán un máximo de 1 millón 663 mil 50 pesos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió apoyar el dictamen con el argumento de que “éste será un presupuesto nuevo para un gobierno nuevo”, y se hace realidad el reclamo de reducir los costos de los gobiernos y que exista un gasto racional y eficiente.
“Se decidió reducir el costo del gobierno de la República, con todas sus dependencias y organismos, en más de 20 mil millones de pesos, y terminar con un gigantismo administrativo que atrofiaba la prestación de los servicios públicos y que se encontraba totalmente alejado de las exigencias que la ciudadanía tenía para lograr un gobierno ágil y eficiente”, detalló.