Migrantes vulnerados

TIJUANA, Baja California, 26 de diciembre (Investigaciones Zeta / Manuel Ayala Chávez).- Desde el arribo de la caravana migrante a Tijuana, el rechazo de un pequeño sector de la población hacia los centroamericanos ha sido constante y latente, situación que incluso ha sido objeto de crítica a nivel internacional. Marchas, discursos de odio generalizados, protestas en redes sociales, rechazo social y otro tipo de actividades, han dado muestra de ello.

Sin embargo, en los últimos días, los migrantes han sido víctimas de otro tipo de agresiones que han recrudecido su estancia en la ciudad, dejándolos a la deriva. Amenazas directas por parte de un sector de la población e “invitaciones” del crimen organizado hacia quienes hasta el 19 de septiembre estaban instalados en la Zona Norte, son dos de las situaciones que “preocupan y ocupan” a los activistas por la gravedad que ven en ello. Aunado a las agresiones directas con artefactos a quienes se albergan en El Barretal, donde también han sido blanco de riñas con los transeúntes por la “molestia” que les genera su presencia a los vecinos.

Activistas pro migrantes han levantado la voz, sobre todo por la vulnerabilidad y exposición en que se encuentran los migrantes, resaltando que existen protocolos internacionales que obligan a las autoridades a brindar especial protección, por su condición de refugiados. Cosa que aseguran, no se ha estado haciendo “de la manera correcta ni precisa”, ya que debería estar apegada a todos los derechos que les confieren a los migrantes, más allá de brindar techo y comida, lo cual les deja en exposición y vulnerabilidad no solamente de ser violentados y agredidos, sino cooptados por grupos del crimen organizado y trata de personas.

Crimen Organizado al acecho

El domingo 16 de diciembre, un grupo de vecinos de la Zona Norte arribó enardecido a la bodega donde fueron reubicados más de 500 migrantes que pernoctaban en la calle, en las inmediaciones de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”. Dos días antes, gracias a la colaboración del Gobierno de México, a través del delegado Jaime Bonilla y el sacerdote Alejandro Solalinde, se dispuso de ese espacio a unos metros de donde pernoctaban los migrantes y fueron trasladados a este sitio; otro pequeño segmento continuó en la calle. Ambas acciones generaron el descontento de estos vecinos, quienes reclamaron de forma efusiva y sin mediación, el hecho de que no los hayan quitado de tajo del lugar y, contrario a ello, les hayan acondicionado un espacio en la misma zona. En su momento, los residentes de la zona encararon al propio delegado, sin causar mayor situación, sin embargo, regresaron el domingo para enfrentar a los encargados y los migrantes, bajo amenazas de que les quedaban pocas horas para irse, como lo señalaron testigos del evento. Situación que activistas consideran como “grave” y “de suma importancia atenderla”, sobre todo, porque los migrantes corren el riesgo de ser violentados de otra manera, como mencionó Soraya Vázquez, coordinadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria (CEAH). “Los migrantes en la Zona Norte también están expuestos a caer en el consumo de drogas, en la trata o de ser cooptados por la delincuencia organizada, eso es terrible, hay adolescentes que me comentan que ya están medio involucradas en la trata de personas, y están muy expuestas, porque no hay ninguna estrategia de protección para ellas”, resaltó. Si bien, otros activistas destacan que en ese sitio hay la presencia de la Policía Federal, no observan que “estén realmente” cuidando o protegiendo la zona, de la intromisión de personas que puedan agredir o violentar a los centroamericanos.

Agresiones con bomba de gas

La noche del martes 18 de diciembre, mientras muchos de los migrantes ya dormían en sus respectivos espacios en el albergue temporal de El Barretal, dos personas aún no identificadas, que transitaban por el lugar, lanzaron una bomba de gas lacrimógeno, alertando a gran parte de la comunidad migrante, entre ellos mujeres y niños que pernoctaban cerca de donde cayó el artefacto. Autoridades federales y municipales resguardaron el sitio y realizaron actividades de vigilancia durante la noche, sin embargo, esto generó incertidumbre entre muchos de ellos, bajo la expectativa de que las agresiones pudieran continuar no sólo ese día, sino los posteriores.

Migrantes consultados por ZETA creen que, aunque no fue algo que pasó a mayores, se trata de una agresión directa contra ellos, ya que no ven otro motivo más que el “descontento” de estar ahí y que les han dejado ver algunas de las personas cuando deambulan por la calle. Señalan que constantemente son “acosados” cuando salen del albergue, no necesariamente por vecinos, sino por “gente que también anda por ahí vagando”, lo que ha ocasionado varias riñas e intentos que no solamente los exponen al riesgo de una lesión, sino a meterlos en un problema que perjudique su estancia en el país. Jeisson Morillo, joven de 26 años, es uno de los que compartió que ya le ha tocado defenderse en varias ocasiones que no han pasado a mayores, pero le han generado cierta incertidumbre al salir, “aunque afuera hay policías y el Ejército, estas cosas pasan dos cuadras más arriba o donde ya no nos pueden ver y proteger”, considera.

Menores no acompañados, los más vulnerables

Otra de las situaciones graves que resaltan los activistas, es que los menores no acompañados están en una situación muy vulnerable y la autoridad ha sido “muy omisa” al respecto. Es decir, ninguna instancia que trabaja con menores ha levantado la voz para reclamar que los chicos tengan una protección especial o incluso aboguen para favorecer que crucen a Estados Unidos para solicitar asilo. Situación por la que finalmente están en Tijuana, el problema es que “nadie se preocupa por su protección”, como lo hizo saber Soraya Vázquez, a cuyo parecer, sigue habiendo un abandono de las autoridades hacia la caravana.

No respetan protocolos internacionales

“La autoridad cree que su responsabilidad es darles techo y comida, piensan que con eso ya resolvió, pero no es así, los protocolos internacionales señalan que son solicitantes de asilo y deben tener una protección especial, y eso no está siendo efectivo”, dijo Soraya sobre lo que ha propiciado todo este margen de acecho y vulnerabilidad. Lo cual respaldan otros activistas que en afán de no salir perjudicados, prefirieron omitir sus nombres, debido a que están en constante relación tanto con los migrantes en la Zona Norte, como en El Barretal.

Uno de los protocolos que resaltaron es “la necesidad imperiosa” de atención psicológica a cada uno de los migrantes, la cual no se está ofreciendo y, contrario a ello, se obstaculiza, debido a que el Instituto de Psiquiatría ha enviado personal y no los han recibido. Creen que si estas personas se van a quedar aquí, tienen que estar mental y emocionalmente sanas, de ahí la importancia de los psicólogos, para que puedan emprender sus proyectos de vida.

“Lo que no se nombra no existe, y si en las instituciones no se dicen que los migrantes tienen derechos, son vulnerables; vienen a solicitar asilo y eso les da una condición especial de que deben recibir protección y seguridad, ante todo. Se generó un estigma terrible contra ellos y habrá que modificarlo, sobre todo por los cientos que se quedaran aquí”, apuntó Soraya.