CIUDAD DE MEXICO, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró esta noche la validez de la elección a Gobernador en el estado de Puebla por cuatro votos a favor y tres en contra, por lo que se ratifica a Marta Erika Alonso como la próxima Gobernadora de la Entidad.
La Magistrada Presidenta del Tribunal, Janine Otálora, emitió el voto decisivo en contra de declarar la nulidad de la elección en Puebla, argumentando que las irregularidades impugnadas por MORENA no constituyen motivos suficientes para invalidar el proceso electoral.
En su conclusión, la Magistrada Otálora destacó que, a su parecer, las acusaciones de MORENA respecto a la posible manipulación de material electoral son infundadas, argumentando que no existe dolo o culpa por parte de actores políticos, Gobierno estatal u alguna otra autoridad para viciar el proceso electoral.
La declaración de validez en la elección de Puebla se da a pesar de que el magistrado José Luis Vargas presentó videos que muestran a personas manipulando y llevándose paquetes electorales que corresponden a la elección de Gobernador en la entidad.
El magistrado José Luis Vargas Valdés mostró esta noche videos que muestran a personas manipulando y llevándose paquetes electorales que corresponden a la elección de Gobernador de Puebla.
Después de que Vargas hallara y presentara las irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra decidiendo si se anula o no la elección en la que resultó ganadora Martha Érika Alonso, de “Por Puebla al Frente”.
“Las presiones que se han realizado por publicar el proyecto, las amenazas y otros medios de intimidación han reforzado mi convicción de que los jueces debemos actuar con independencia”, señaló Vargas Valdés durante la sesión.
También presentó las siguientes pruebas:
“El proyecto SUP-JRC-204/2018 justifica la nulidad que propone con base en irregularidades en la custodia de la bodega central del Instituto Electoral de Puebla, donde estuvieron resguardados la documentación y los paquetes electorales.
“Sin embargo, la evidencia contradice esta conclusión, ya que las posiciones de 1° y 2° lugar se mantienen, con cifras consistentes, tanto antes de que la documentación electoral fuera resguardada en la bodega, como después del recuento ordenado por esta #SalaSuperior”, indicó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
En la votación final, tres magistrados votaron a favor de anular la elección y cuatro por respetar los resultados.
Contra el proyecto: Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña. Con el proyecto: Felipe Alfredo Barragán Fuentes, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso.
El 8 de julio, Martha Érika, esposa del ex Gobernador poblano Rafael Moreno Valle, recibió la constancia que la acreditó como próxima mandataria, pero lo hizo en medio de protestas por parte de Miguel Barbosa Huerta, ex candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y sus seguidores.
Martha Érika Alonso derrotó a Miguel Barbosa por cuatro puntos porcentuales. La candidata de Por Puebla Al Frente obtuvo 38.09 por ciento de los votos; el de Juntos Haremos Historia se llevó 34.22 por ciento.
La elección en Puebla se ensombreció desde el 1 julio. Durante la jornada electoral se reportó el robo de 70 paquetes electorales, de los cuales más de la mitad fueron hurtados por sujetos armados. En el día de “fiesta cívica” también se reportaron balaceras y conatos de violencia en varios municipios.
El magistrado Vargas, quien votó contra la rectificación de Alonso, encontró 5 irregularidades en la elección a la gubernatura de Puebla, por las que consideró que se violó el principio de certeza y en su proyecto solicita la anulación del proceso electoral y la revocación del triunfo de la panista Martha Erika Alonso.
En el proyecto se pide también la destitución de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE). La propuesta deberá ser sometido ante la Sala Superior del Tribunal antes del 15 de diciembre, está integrada por 7 magistrados.
El principal argumento por el que se pide la anulación de la elección es la violación de la cadena de custodia, que debió garantizar el IEE, pues se acusa la apertura de paquetes electorales por parte de los consejeros, y la falta de seguridad adecuada en la bodega en done se resguardó el material electoral.
Aunque se acreditó violencia en 59 casillas y el robo de 800 boletas, ese no fue un argumento de peso puesto que solo representa el .02% de la votación.
En el proyecto se pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que repita la jornada electoral en 60 días, es decir en febrero, por lo que los partidos deberán ajustarse a ese tiempo para la selección de sus candidatos y las campañas electorales.
Las cinco irregularidades:
1. Violencia en 59 casillas el día de la jornada electoral y robo de 4 urnas y 800 boletas, aunque se resalta que solo representa el .02 por ciento del total de la votación.
2. El uso de un automóvil del ayuntamiento de Cuetzalan para el traslado de documentos legales, por lo que se acreditó desvío de recursos.
3. Los consejeros del Instituto Electoral del Estado abrieron 50 veces la bodega donde se resguardaban los paquetes electorales, pero no existe constancia de que a todas las diligencias se haya invitado a los representantes de los partidos políticos, como lo marca la ley.
4. La bodega en donde se resguardaban los paquetes electorales tenía no uno si no dos accesos, y no hay constancia de que hayan permanecido cerrados, además las cámaras de vigilancia solo registraron el 22% del tiempo en que estuvo en uso el recinto.
5. Los consejeros electorales abrieron casillas de 12 distritos electorales, sólo cuatro habían sido sujetos al proceso de apertura y verificación.
En contraste, el magistrado ponente desechó otras pruebas como: la parcialidad de las autoridades electorales; se reiteró que el centro de operaciones encontrado en el Hotel MM era legal y no se estaban manipulando votos; también señaló que no se pudo acreditar la compra de votos; finalmente señaló que la camioneta que se accidentó en Xilotzngo con ladrones de urnas no pertenece al gobierno de Puebla.