Por Lilia Arellano
TLCAN, aún nada
* México y EE. UU. siguen sin afianzar la renegociación
* Contra pobreza, simulación desde Zedillo hasta EPN
* Suman más de 53 millones de miserables en la nación
* “Pifia” de la PGR en el caso Javier Duarte: Coparmex
* ¿Otro absurdo fraude en compra de avión presidencial?
Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de la meta.
Henry Ford
Aunque la intención del presidente Enrique Peña Nieto es finalizar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lo más rápido posible, aún no se alcanza este objetivo, a pesar de que negociadores de Estados Unidos y México han sostenido encuentros constantes en las últimas semanas tratando de empujar acuerdos en temas bilaterales complejos los cuales ayuden a cerrar la modernización del tratado comercial.
Ante periodistas, en Washington, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que en una negociación siempre hay puntos de fricción, sin dar detalles. A su llegada a las reuniones con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, el funcionario mexicano confió: “Esperamos tener una solución en los próximos días. Vamos a tratar de cubrir los temas que aún tenemos delante de nosotros”.
También Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE. UU., consideró viable que se pueda lograr un acuerdo en el futuro cercano, con base en las circunstancias actuales que viven las renegociaciones. “Estamos tratando de alcanzar un acuerdo. Estamos progresando. No tenemos un acuerdo aún, pero creo que alcanzar un acuerdo en un futuro muy, muy cercano es muy probable”, dijo Ross.
El cierre podría estar a sólo días, señaló Jesús Seade, el negociador para el TLCAN designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Si logran concluir la renegociación y el presidente Enrique Peña Nieto firma el nuevo TLCAN, corresponderá al Senado de la República, controlado por MORENA, aprobarlo, y al actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, implementarlo. Por eso, se requiere un trato que ambos puedan aceptar.
El tema tiene una importancia trascendental para el gobierno entrante, como se evidenció en el debate tras el triunfo de AMLO sobre realizar cambios en la parte energética del acuerdo. Cabe resaltar que el mes pasado, México retrasó la adjudicación de nuevos contratos bajo la apertura de la industria petrolera hasta que el equipo de López Obrador tenga la oportunidad de revisarlos en busca de signos de corrupción.
AMLO señaló en campaña que no cancelará la reforma energética, pero revisará los contratos ya firmados para evitar casos de corrupción. Sin embargo, es inocultable la desconfianza de López Obrador por la apertura de la industria petrolera del país tras la aprobación de la reforma energética.
En su equipo de transición, hay un debate sobre cómo se debe manejar el tema de la energía en el acuerdo comercial. Por un lado, los izquierdistas de línea dura quieren evitar hacer un compromiso adicional con la revisión de TLCAN. Se oponen las reglas de energía negociadas durante el año pasado, que consagraría los cambios en México.
Por otro lado, están los académicos y pragmáticos, cercanos a AMLO, y el actual equipo de negociación del presidente Enrique Peña Nieto, quienes advierte que hacer nuevas demandas a EE.UU. arruinaría el último año de conversaciones con el equipo de Donald Trump.
La incorporación de Canadá a la mesa de negociaciones dependerá del desarrollo de las conversaciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que su país necesita concordar con las conclusiones finales sobre reglas de origen que se alcancen en las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y México.
La actualización de las normas de origen siempre ha sido un esfuerzo enorme, importante y complejo, dijo Freeland a periodistas. “Canadá claramente está interesado en cómo se actualizan esas normas y necesitamos atender y estar de acuerdo con cualquier conclusión final”.
Una encuesta realizada a más de 100 analistas de inversiones, administradores de carteras, jefes de oficinas de Inversiones (CIO) y jefes de Operaciones (CPO), quienes participaron en el 2018 Buyside Forum de Bloomberg en la Ciudad de México, reveló que las renegociaciones e incertidumbre en torno al TLCAN preocupan al 47 % de los portafolios financieros y analistas de inversión en México.
Para el 38 % restante, su más grande preocupación es la economía global y el 14 % señaló que es la entrada del nuevo gobierno, encabezado por López Obrador.
Sólo simulación contra pobreza
A pesar de que en México el 46.2 % de la población –55.3 millones– está en condición de pobreza, y al menos 9.4 millones en pobreza extrema, de acuerdo a datos oficiales, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo utilizó los programas en la materia para construir clientelas electorales y predominó la simulación en la ejecución de los mismos a lo largo del sexenio.
De acuerdo al estudio “Derechos Humanos y Pobreza”, elaborado por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza, los programas federales destinados a combatir la pobreza no llegan a quienes los necesitan, pues el 82 % de estos no cubren ni siquiera la mitad de la población que debieran atender.
El inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), contabiliza 232 programas presupuestarios federales de ese tipo, pero sólo el 18 % de estos, es decir, 42, tiene una cobertura mayor a 50 % de la población potencial a la que debe llegar. De esos 42 programas federales que si cubren más de la mitad de su población potencial, únicamente 20, menos de la décima parte del total de programas federales, llegan a más de 100 mil personas.
Rogelio Gómez Hermosillo, consultor de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, sostiene que en realidad se trata de “miniprogramas”, para grupos muy pequeños. “La verdad lo que hacen es construir clientelas, no resolver problemas públicos ni mucho menos garantizar derechos”.
Y a nivel estatal el problema es peor, pues existen 2 mil 538 programas, pero sólo 128 tienen lo básico, es decir, que cuentan con un documento normativo, están en el presupuesto y ofrecen información a la ciudadanía. Esto es, “el 95 por ciento no cumple, y ahí si el clientelismo es a todo lo que da”, lamentó Gómez.
La manera en la cual el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mide la pobreza, fue criticada por Gómez Hermosillo, pues aunque una persona no tenga dinero ni para comer, si no suma tres carencias adicionales a la económica, sólo se le considera pobre. “Entonces, ahí sale a la mitad; pobreza extrema en México 7.6 %, pero la población por debajo de la línea de bienestar mínimo, o sea, que ya no les alcanza ni para comer, son pobres extremos en el mundo, son el doble, 17 %”, aseguró.
El combate a la pobreza es una deuda que persiste en México, por lo que hay que exigirlo hasta el último momento de la actual administración federal, destacó por su parte el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, quien adelantó que el estudio de referencia lo pondrán en manos de las autoridades federales actuales, cuya responsabilidad concluye hasta el 30 de noviembre próximo.
En México, sólo el 1 % de la población concentra el 36 % de la riqueza del país, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante los últimos 30 años, para los gobiernos neoliberales la pobreza no ha sido un asunto a erradicar, sino una situación que se debe administrar y contener. Bajo esa lógica se han creado y operado todos los programas sociales, con un enfoque meramente asistencialista que no logró contener la proporción de pobres, pues se enfrentó a la debilidad económica nacional.
Hoy en día las cifras de pobreza son similares a las de 1992, a pesar de destinarse mayores recursos para su atención, como consecuencia de que los programas sociales no resuelven los problemas de fondo de los beneficiarios y una ausencia de crecimiento económico. Así sucedió con la implementación de Progresa en 1997; con la alternancia se transformó en Oportunidades en la gestión del panista Vicente Fox, y el cual continuó con Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto lo rebautizaron como Prospera.
Con el mexiquense en Los Pinos, en 2013, se instrumentó la cruzada nacional contra el hambre para atender a siete millones de personas en pobreza extrema alimentaria. Esto es, individuos que no pueden adquirir una canasta básica al mes. La cruzada fue un rotundo fracaso, pues no hubo un diagnóstico inicial ni contó con estrategias bien definidas.
Los programas federales para combatir la pobreza operaron con muchas fallas en su instrumentación a lo largo de los años, advirtió la Auditoría Superior de la Federación en un amplio estudio que evalúa la política pública. No focalizó correctamente a la población objetivo, hubo una incorrecta coordinación de acciones y no garantizó el acceso a la alimentación y demás derechos sociales. Además, se encontraron pagos indebidos para costear diversos servicios y en los proyectos no se definieron metas y mucho menos se acreditaron resultados.
Todo parece indicar nada cambiará hasta el final de la presente administración federal. De acuerdo a las proyecciones de la Cepal, la economía de México, la segunda mayor de América Latina, se expandirá 2.2 % frente al 2 % del año pasado.
De los pasillos
Representantes de la iniciativa privada mexicana calificaron de “pifia” que la Procuraduría General de la República (PGR) reclasificara el delito de delincuencia organiza que imputaba al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el de asociación delictuosa. “Es una pifia, como estamos viendo de manera cotidiana, no nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de naturalización porque hay un incentivo perverso para que los malos funcionarios continúen cometiendo este tipo de transgresiones a la ley”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “La justicia no se aplica apegada a Derecho y tenemos que regresar al Estado de Derecho”, subrayó el dirigente empresarial… La PGR admitió no tener pruebas suficientes para acusar a Javier Duarte de delincuencia organizada y por ello ese delito del que es acusado el ex mandatario priista fue reclasificado por el de asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa…
Más enredado que un queso oaxaca resultó la adquisición y equipamiento del avión presidencial, al cual ya le salió un posible comprador, el empresario Gustavo Jiménez Pons, quien ofreció al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mil 900 millones de pesos. Dijo que le interesa adquirir la aeronave porque será hasta 2020 cuando se conseguirán en el mercado y pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa “JBS Air Enterprise”… Una vez más a la administración de Enrique Peña Nieto no le salen las cuentas: de acuerdo a sus propios datos, el gobierno federal, a través de la Sedena, ha pagado 2 mil 433 millones 786 mil pesos por el Boeing 787-8 y todavía resta por saldar 5 mil 126 millones 285 mil 914 pesos… La cuestión es que dicho avión fue adquirido por Banobras en 2 mil 952 millones de pesos, y esta instancia acordó con la Sedena un arrendamiento financiero a 15 años por 7 mil 560 millones de pesos… ¿Para quién fue este negocio?... Sin equipamiento, el costo del avión era de mil 567 millones de pesos, pero se pagaron adicionalmente mil 405 millones por ajustes de ingeniería, de estructura, equipamiento de cabina, así como certificaciones y un paquete de refacciones… Según el presupuesto 2018, la Sedena asignó para este año 451 millones 492 mil pesos, sin embargo, se prevé que cada año, hasta 2027, se paguen anualmente 560 millones 46 mil 993 pesos… Adicionalmente, el gobierno federal pagó alrededor de mil millones de pesos en la adecuación del hangar presidencial para poder almacenarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México…
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