Bombas molotov al 27 Batallón de Iguala

IGUALA, Guerrero, 20 de septiembre (EL SUR DE ACAPULCO/APRO).- Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi cuatro años en esta ciudad y normalistas protestaron, hicieron pintas y lanzaron piedras, petardos y bombas molotov al 27 Batallón de Infantería para exigir la presentación de los jóvenes.

Asimismo, los jóvenes con los rostros cubiertos quemaron un cajero automático de Banjército ubicado a un costado de la entrada principal a las instalaciones militares que permanecieron cerradas.

Unos 500 manifestantes llegaron a Iguala en 13 autobuses después del mediodía e hicieron un breve mitin frente al Batallón en el que culparon al Ejército de la desaparición de los jóvenes, de sacar a los estudiantes que recibían atención en una clínica el día de los ataques y señalaron que los militares son una vergüenza para el país.

Durante unos cinco minutos los normalistas lanzaron piedras, cohetes y bombas molotov, y se retiraron antes de la 1 de la tarde presuntamente hacia el Palacio de Justicia, edificio que fue desalojado por los trabajadores desde esta mañana por temor a protestas.

Los hechos

Jóvenes encapuchados atacaron con bombas molotov y petardos, la sede del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala en medio de protestas por el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Previamente, padres y familiares de las víctimas realizaron un mitin frente al cuartel militar donde reprocharon la ausencia de investigación contra mandos del Ejército, señalados de manera insistente por su presunta participación en el crimen contra los estudiantes.

Cerca de las 11:00 horas, los manifestantes, encabezados por familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos, arribaron a Iguala, a bordo de varios autobuses y se dirigieron directamente al cuartel militar, ubicado frente a la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra preso junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa desde 2014.

Enseguida, el vocero de las víctimas Felipe de la Cruz dirigió el mitin donde el mensaje principal fue el reproche al gobierno de Enrique Peña Nieto por cuatro años de impunidad y la protección a los mandos castrenses del 27 Batallón, acusados de actuar en contubernio, junto a autoridades de los tres niveles con el grupo delictivo Guerreros Unidos para masacrar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.

Luego, un grupo de jóvenes encapuchados desataron su ira, lanzando petardos y bombas molotov contra la fachada de la base militar donde solo se reportaron daños materiales.

Los militares respondieron lanzando piedras y gas lacrimógeno desde el interior del cuartel y la caravana de inconformes se retiró del lugar sin que se registraran intendentes mayores.

Nos están “dorando la píldora”

Los responsables de los Foros de Pacificación y Reconciliación “no están bien empapados” de la problemática que padecen las víctimas de la inseguridad y violencia, tampoco “están escuchando” y sólo nos están “dorando la píldora”, coincidieron en señalar las organizaciones de familias con desaparecidos en Coahuila.

Representantes de las organizaciones que participaron en el Foro de Pacificación y Reconciliación, realizado ayer en Saltillo, comentaron sus impresiones y lo que les comenta Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad, y Loretta Ortiz Ahlf, encargada nacional de los foros de consulta, en las mesas privadas.

“Aún después de que les planteamos en ponencias que no podemos perdonar ni olvidar, Durazo nos dice: ‘qué tal que si un delincuente te dice qué pasó con tu hijo, le das la amnistía’”, contó Silvia Ortiz, dirigente de Grupo Vida, una organización de familias con desaparecidos en la región de Torreón y la Laguna.

“No están bien empapados del problema de las víctimas. No entienden que las familias no sólo perdimos un familiar sino un proyecto de vida para toda la familia”, precisó Ortiz.

En los últimos meses Grupo Vida se ha dedicado a recorrer los cinco grandes “campos de exterminio” de Coahuila, donde las autoridades han recolectado miles de restos humanos.