CIUDAD DE MEXICO, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos, representa “el cierre vergonzoso de un gobierno corrupto”, consideró el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien adelantó que por el caso demandará a la PGR y al Presidente Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instancia internacional, para presentar nuestra denuncia por la negación de justicia e incluso por entorpecer el acceso a la justicia por parte de PGR y del Presidente Peña Nieto”, dijo en entrevista con medios.
El mandatario recordó que desde la madrugada de hoy, cuando el ex priísta fue liberado del Cereso Estatal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, su Gobierno interpuso un amparo, mismo que se suma a otro que el Gobierno estatal ya obtuvo y en el que se solicita que se revise el papel del estado como víctima del presunto desvío de 50 millones de pesos del dinero estatal para financiar campañas electorales de candidatos de su partido durante el mandato del ex gobernador César Duarte, supuestamente efectuado por Alejandro Gutiérrez, según se le acusaba.
“Es el cierre vergonzoso, cierre cínico de un Gobierno corrupto y corruptor que se confabuló con los delincuentes, con los corruptos, y una componenda entre jueces y ministerios públicos de la PGR, para llevar a cabo procesos simulados”, aseguró Javier Corral.
Ayer, un tribunal federal rechazó el recurso de apelación con el cual el Gobierno de Chihuahua buscaba revertir la acusación que exonera por falta de pruebas a Gutiérrez Gutiérrez por el desvío millonario, afirmación que hizo la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de nueve meses, Gutiérrez Gutiérrez dejó la cárcel para resguardarse en su domicilio en la entidad con una tobillera electrónica de geolocalización, pues todavía debe cumplir con una medida cautelar por otro proceso judicial y no puede salir de Chihuahua.
Al político aún se le investiga por otro delito del fuero común, por un supuesto peculado de 1.7 millones de pesos provenientes de dos contratos asignados a empresas relacionadas con su hijo.