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El robo a PEMEX no sólo paga al Crimen Organizado y a las policías, sino es una fuente de financiamiento para grupos políticos, para el sindicato de Carlos Romero Deschamps y para autoridades municipales, estatales y federales, dicen especialistas

CIUDAD DE MEXICO, 9 de enero (SinEmbargo).- “¿Ustedes creen que un Director de PEMEX actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del Presidente. Lo mismo en los Estados. Ya basta de hipocresía. Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas”, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante su conferencia matutina del 28 de diciembre en Palacio Nacional.

El Presidente contestó así a una pregunta sobre si se llevaría a consulta el investigar no sólo a los ex presidentes, sino también a los ex directores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de las administraciones pasadas por el millonario robo de combustible que ascendía a 60 mil millones de pesos anuales.

“¿Cómo un Presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un Secretario, de lo que está haciendo un Director General”, también dijo en esa ocasión.

Y ayer confirmó un dato más: entre los funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a PEMEX en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de PEMEX, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo del 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) -“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera-, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.

“Está [el General de Brigada] en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver”, dijo López Obrador sobre uno de los hombres de mayor confianza de Enrique Peña Nieto.

Para los analistas del sector, la noticia sobre el hombre de confianza de Peña Nieto y lo que ocurría en entidades como Puebla en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del llamado morenovallismo; la Unidad de Inteligencia Financiera debe jugar un papel importante para combatir de raíz el robo de combustible a través de seguir la ruta del dinero que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

Correa-Cabrera consideró que la estrategia de combate al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno Federal ya empezó a sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.

Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de PEMEX y quien fue asesor de la Política Energética de López Obrador, coincidió con Correa: el Gobierno de AMLO debe investigar la ruta del dinero del saqueo a la llamada empresa productiva del Estado.

“Evidentemente un fenómeno delictivo tan grande requiere varios eslabones, lo que se está atacando es el inicio de cómo se sacaba el producto, después le tocará a la Unidad de Inteligencia Financiera porque claramente hay grupos que recibían los beneficios de la venta de combustible robado. Falta mucho por hacer, nadie puede esperar que de un sólo golpe, pero hay que aplicar el gran clásico: seguir al dinero; sabiendo cómo eran estos canales de distribución volumétrica y apropiación de la venta de la gasolina robado. Hay empresas que el propio PEMEX demandó por distribuir el combustible robados”, dijo.

Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, consideró que el daño a PEMEX y a la nación aún está por cuantificarse. El robo de hidrocarburos es tal, que López Obrador debe presentar a “caras y cuerpos concretos” de los responsables.

Guadalupe Correa precisó que en México las investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias. En el robo de combustible las autoridades mexicanas han acuñado una versión oficial: que están rebasadas por los poderosos carteles del Crimen Organizado. Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, el mayor saqueo a PEMEX no puede justificarse únicamente con la versión de que son sólo las bandas criminales con la ayuda de algunos funcionarios de PEMEX.

En la actividad ilícita están vinculadas autoridades municipales, federales, estatales, el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps y durante la administración peñista, las Fuerzas Armadas, dijo.

“Si los trabajadores de PEMEX aceptan y contribuyen, ¿quiénes se benefician al final de lo que se les venden? a los que venden la gasolina al menudeo, ellos que están haciendo un negocio; por el otro lado también los políticos que tienen el control de las policías estatales, estoy hablando del Gobernador, porque están ahí y podrían decirle a la autoridad federal. Estamos hablando de un crimen a nivel federal y además de todo las fuerzas armadas, quienes resguardan la infraestructura estratégica, ellos deberían de saber”, argumentó Correa.

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