México

Aseguran buques con 800 mil litros de huachicol

VILLAHEMOSA, Tabasco, 28 de enero.- Dos buques cargados con 800 mil litros de hidrocarburo, cuya procedencia se presume ilegal, fueron asegurados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Marina Armada de México en el Golfo de México.

Las embarcaciones fueron trasladadas al puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, donde también se detuvo a 10 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) que determinará su situación en próximas horas.

Se sabe que durante la madrugada de este lunes, las fuerzas federales fueron alertadas en una llamada anónima y emprendieron un operativo, ubicaron a las unidades y sometieron a los tripulantes.

La procedencia de las naves aún no se esclarecen ni cuál sería el destino del combustible, aunque el aseguramiento se da apenas unos días después de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, afirmó que el gobierno federal está investigando el robo de hidrocarburos en el mencionado puerto.

En Paraíso se ubicará la refinería planteada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que las autoridades buscan que la zona sea ‘segura’ y libre de actos ilegales que atenten contra la nación, explicó.

El mandatario dijo el pasado 16 de enero que se detectó la exportación de “miles de barriles que no se reportaban”, lo que significa un acto de corrupción.

“Vamos a revisar el posible huachicoleo en la venta del crudo, porque nada más en la terminal de Dos Bocas parece que son miles de barriles diarios que están saliendo por ahí sin que se contabilicen y ya la autoridad está trabajando en ello”, señaló.

En la mira, políticos-empresarios huachicoleros

La exhibición de datos, así sea dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió por diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del pasado inmediato como en el sector privado.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.

“Es un sistema diseñado con tanta precisión que se roba lo necesario para quitarle la ganancia a Pemex, pero le permite subsistir”, me dijo.

De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último año.

El gran robo ocurre a través de una red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar decenas de miles de litros de combustible.

Por supuesto, la dimensión de la extracción así como su capacidad de transporte demuestran que, en efecto, se trata de una operación idéntica a la de Pemex, respecto a la que falta aun ver cuál es el destino, es decir, si todo el proceso tiene características similares a las de la otrora paraestatal, necesariamente tiene que haber clientes similares.

Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.

Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.

Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el combustible robado.