La carrera de Tania de la Paz se forjó en la academia y el INAI y antes de dar el salto a una Subsecretaría en la Función Pública, estuvo dos años en el despacho Vázquez Nava y Consultores, fundada por María Elena Vázquez Nava, quien fue la Contralora del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Tania de la Paz Pérez Farca , quien es actualmente Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), dejó pasar sólo un mes en su cambio de puesto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ) al despacho Vázquez Nava Consultores, propiedad de quien fue la Contralora del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari : María Elena Vázquez Nava.
Durante los dos años que De la Paz fungió como Abogada Senior, el despacho recibió dos contratos por 174 millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); uno de 2 millones 262 mil pesos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otro más con la Comisión Federal de Electricidad, por 14 millones 400 mil pesos.
De acuerdo con la Ley vigente en ese entonces –la de Responsabilidades Administrativas–, un servidor público debería abstenerse por el plazo de un año para poder pasar de un empleo en algún órgano público a uno privado, sobre todo cuando las tareas están ligadas.
La carrera de Tania de la Paz se forjó en la academia y el INAI y antes de dar el salto a una Subsecretaría en la Función Pública, estuvo dos años en el despacho Vázquez Nava y Consultores. Foto: Twitter @SFP_mx
El Artículo 55 y 56 de dicha Ley plantea que “Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento” y que “se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año”.
El despacho de Vázquez Nava se especializa en el área de transparencia, rendición de cuentas, cierres de administración, evaluación de políticas públicas, contratación pública, financiamiento público y proyectos de energía e infraestructura.
Los contratos firmados con el NAIM, que son los de más alto valor, fueron por “Servicios Profesionales de Consultoría para el acompañamiento jurídico-normativo y administrativo en la realización de las actividades para la planeación y construcción del NAIM”. Ese contrato fue por 90 millones de pesos y se firmó el 13 de julio de 2018, un mes antes de la salida de Tania de la Paz del Despacho, y se obtuvo mediante Invitación a Tres Personas.
El otro contrato fue por el mismo motivo y por la “elaboración del expediente concentrador integral”. El monto fue por 84 millones 900 mil pesos, también lo obtuvieron por licitación restringida y se firmó el 1 de abril de 2016.
En su declaración patrimonial, De la Paz capturó las fechas en las que inició cada uno de los trabajos que ha tenido: en 2010 entra a trabajar por primera vez al INAI, en la Oficina del Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, como proyectista; luego en 2012 fue Visitante profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y regresó al INAI ese mismo año, en octubre, ahora en la Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información.
Aquí la declaración de la funcionaria:
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En ese puesto estuvo hasta febrero de 2015 y luego pasó a la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada. En ese puesto, según lo declarado por Tania de la Paz, estuvo hasta febrero de 2016 y para marzo, era ya Abogada Senior de Vázquez Nava y Consultores.
Irma Eréndira Sandoval la presentó desde los primeros días como su mano derecha y las labores que tiene en la Subsecretaría que se le asignó no son menores: tiene la tarea de emitir criterios de interpretación y de proporcionar asesoría en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas, contrataciones y designación de testigos sociales y coordina la participación de la SFP en las contrataciones públicas que se lleven a cabo con personas, organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Además, esta Subsecretaría está al mando de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
Según información del portal web del despacho, en los más de dos años que De la Paz estuvo ahí, colaboró en “proyectos relativos a cierre de administración a nivel federal, estatal y municipal, así como en la emisión de diagnósticos de toma de decisiones de titulares de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; elaboración de libros blancos y elaboración de diagnósticos referentes a expedientes de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
El periodo entre un empleo como funcionario público al sector privado fue un tema que el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó arduamente mientras la ley se discutía en el Congreso que terminó por aceptar que el periodo de distancia no fuera de un año, sino de diez o cinco.
La premisa de estos actos es que los servidores públicos tuvieron acceso a información reservada o confidencial pueden utilizarla para otros fines; con la prohibición se podrían evitar actos de corrupción.
Sobre “puerta giratoria”, Transparencia Internacional ha señalado que es necesario “instaurar controles para impedir que los funcionarios públicos encargados de la toma de decisiones favorezcan a la industria en detrimento del interés público debido a su pasado empleo o potencial empleo futuro en la industria. Los controles también deben asegurar que no se divulgue información privilegiada”.