El manejo en la cúpula del poder de Medina Mora y su cercanía con Juan Collado, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, Diego Fernández de Cevallos y el mismo Carlos Salinas de Gortari lo hacen ver como un fiel exponente del antiguo régimen
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de octubre (LOS ANGELES PRESS).- Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza ha sido un personaje que ha destacado por navegar en las altas esferas del poder en México, y en cargos públicos estratégicos de los que depende la estabilidad política y la seguridad del país, desde el año 2000 hasta la fecha. A lo largo de su trayectoria profesional, ha estado muy cercano a otro personaje que ha destacado internacionalmente como uno de los hombres más corruptos del mundo, según la revista Forbes, y ha surgido de las mismas filas del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), en el periodo de Medina Mora, es Genaro García Luna.
Ambos exfuncionarios de la Inteligencia del país han sido señalados entre los más corruptos en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, Eduardo Medina Mora también ha destacado en la administración de Enrique Peña Nieto por otorgar amparos al mismo presidente para evitar investigaciones por peculado. En el caso de Genaro García, se le ha señalado reiteradamente, hasta en series de Netflix, por sus relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y más recientemente por investigaciones de Los Ángeles Press, con la fabricación de culpables que ha depredado a miles de familias, para simular eficiencia en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Eduardo Medida Mora
Inició como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de 2000 a 2005, fue secretario de Seguridad Pública (SSP), de 2005 a 2006, procurador general de la República (PGR) 2006 a 2009, embajador de México en Reino Unido de 2009 a 2013, embajador de México en Estados Unidos de América de 2013 a 2015 y, actualmente, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015.
Aunque en un principio el Partido Acción Nacional se negaba a aceptar la designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN, finalmente el cabildeo resultó exitoso y fue aprobado por el Senado junto con el PRI y el PVEM.
El manejo en la cúpula del poder y su cercanía con Juan Collado (abogado de Carlos Salinas de Gortari), Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, Diego Fernández de Cevallos y el mismo Carlos Salinas de Gortari lo hacen ver como un fiel exponente del antiguo régimen haciendo prevalecer ante todo la protección de tan tristemente ilustres personajes que tanto dañaron al país.
Las leyes están para cumplirse y hacerlas valer, sin embargo, éstas se han modificado y sólo generan la certidumbre de los poderosos para establecer la impunidad como objetivo y librar cualquier situación que vulnere su libertad. No es de extrañar que habiendo realizado desfalcos y saqueado al país, los principales actores no pisen la cárcel o, si lo hacen las condenas son cortas y exonerados, en los casos más graves siguen el proceso en libertad, la justicia ante tales actos no pueda ser expedita y aplicarse como uno quisiera, desenmascarando y llevando a juicio a criminales, corruptos y asesinos.
Existen jueces que, no obstante, ganan sueldos inimaginables para el grueso de la población y se rigen por la imperiosa necesidad de empoderarse y fortalecerse económicamente por la obtención de sumas millonarias para hacer un manejo de la ley que en muchas ocasiones vulnera la idea de justicia.
Genaro García Luna
Inició como analista en el CISEN en 1989. Al llegar Fox a la presidencia, en el 2000, Medina Mora le dio el cargo de director de Planeación y Organización de la Policía Judicial Federal. En 2001, García creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la que fue director general. En noviembre de 2005, recibió el premio de Administración Pública, INNOVA, por “resolver secuestros en tiempos reales”. Sin embargo, de acuerdo con la investigación periodística “El falso caso Wallace”, Genaro García Luna es la pieza clave de la fabricación de secuestros y homicidios para simular eficiencia policial desde la creación de la AFI. Así lo demuestra el montaje televisivo pagado con recursos públicos sobre la detención ilegal de Florence Cassez e Israel Vallarta, falsamente acusados de secuestradores. Cassez pasó siete años en prisión y salió en libertad por violaciones al debido proceso, pero no se le ha reconocido su inocencia ni se le ha reparado el daño. Vallarta, aún en prisión.
“El caso Wallace”, con el que Isabel Miranda obtuvo poder económico y político, y mantiene en prisión a ocho personas inocentes, ha sido una de las fabricaciones más exitosa de Genaro García Luna, por la enorme red de servidores públicos y medios de comunicación que formaron parte para sostener la mentira y legitimarla ante México. Todas las víctimas de este caso aún se encuentra en prisión, pese a las evidencias contundentes de su inocencia.
De acuerdo con el portal Contralínea, la Secretaría de la Función Pública investiga a Genaro García Luna, junto con Emilio Lozoya, pero en el caso de García, se le encontró una diferencia en su patrimonio por tan solo un monto de 40 millones de pesos, lo cual contrasta con haber sido señalado por la revista Forbes como uno de los hombres más corruptos de México en 2013. Además, a decir de la titular de la SFP, ya no habría sanción para este exfuncionario por haber transcurrido diez años después de haber cometido la irregularidad, cuando ya prescribió el delito.
Juez y policía de la mano
Amparos, inconstitucionalidad, controversias e interpretaciones han sido una constante para el actuar “a modo” de Eduardo Medina Mora. La ley es una paradoja, que siempre muestra recursos para escudriñar algún hueco legal y garantizar la impunidad de poderosos y ejecutar todo el peso de la ley a los más vulnerables.
Existen abusos en la Ley de Amparo y permite que se prolongue la violación de los derechos y de derechos humanos durante toda la vida del juicio, y en ocasiones, que el daño se haga irreparable. Así ha sido con los casos fabricados por Genaro García Luna, que hasta la fecha siguen generando grave daño al Estado de Derecho.
La falta de severas leyes protectoras de ladrones al erario, mantiene la ambigüedad del sistema de justicia mexicano. El dinero sigue siendo el móvil de la “justicia”, y existen múltiples recursos para defender al criminal de cuello blanco. El acto corrupto en México se ejerce con leyes a modo, como es claramente la prescripción de delitos de peculado a los diez años. Se modifican las leyes para ajustarse a la “transa maquinada” sin la posibilidad de que el perpetrador sea implicado, y si llega a serlo, como en el caso de Elba Esther Gordillo, por mencionar un solo ejemplo, que no sea a largo plazo, y manteniendo todos los privilegios en prisión. Mientras las cárceles mexicanas siguen saturadas de personas inocentes utilizadas para simular la eficiencia policial y como otra forma de control y depredación al pueblo.
A diferencia de otros tiempos, la transa y la estafa se genera por un sistema que involucra a funcionarios, jueces, empresarios, medios y ejecutores, no es algo realizado en solitario, se protegen entre ellos y generan complicidades cuidándose las espaldas y callar cualquier voz, acto o declaración para aprehender a alguien.