Los asesinatos de las niñas y niños LeBarón se entienden en un contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado que colocan en especial vulnerabilidad a las y los menores de edad, el aumento en homicidios de esta población da cuenta de ello, señaló el Visitador de la CNDH. Tan solo de 2007 a 2017 se triplicaron los homicidios de persona de entre 0 y 17 años, pasando de mil 002 en 2007 a 2 mil 858 en 2017, según datos del Inegi.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La gravedad y la saña del ataque a la familia LeBarón, que dejó a 6 niñas y niños y a tres mujeres asesinadas, muestra el alto riesgo en el que viven las y los menores de edad en todo el país por el crimen organizado , contexto que en los últimos años ha sido ignorado por los tres niveles de Gobierno, lo que se refleja en la falta de estrategias focalizadas para pacificarlo, aseguró el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH ), Ismael Eslava Pérez.
“Son hechos lamentables y condenables que no pueden volverse a repetir en el país”, condenó el Visitador en entrevista y opinó que la agresión debe ser un referente para que el Gobierno actual adopte medidas y estrategias para proteger a la niñez y adolescencia del impacto de la delincuencia organizada.
El Visitador recordó que para garantizar la seguridad de la familia LeBarón, la CNDH emitió ayer medidas cautelares a los gobiernos de Chihuahua y Sonora por los hechos que además dejaron lesionadas otras seis personas menores de edad “víctimas de un ataque perpetrado por personas armadas presuntas integrantes de grupos de la delincuencia organizada”, dijo.
Los asesinatos de las niñas y niños LeBarón, explicó el funcionario, se entienden en un contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado que colocan en especial vulnerabilidad a las y los menores de edad, el aumento en homicidios de esta población da cuenta de ello, señaló. Tan solo de 2007 a 2017 se triplicaron los homicidios de persona de entre 0 y 17 años, pasando de mil 002 en 2007 a 2 mil 858 en 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Los estados que registraron las mayores tasas de homicidios de dicho sector de la población de 2015 a 2018 fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California, detalló Eslava Pérez durante la presentación del informe “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”.
En ese sentido Elisa Ortega, coordinadora del estudio e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que “el primer desafío que enfrenta la niñez y la adolescencia en el contexto del crimen organizado es mantenerse con vida en un entorno de violencia letal por parte de instituciones de Estado y particulares”.
OMISIÓN DEL ESTADO
De acuerdo con la CNDH, las instituciones de los tres niveles de Gobierno no han actuado eficientemente para proteger a los menores de edad del impacto en diferentes áreas del crimen organizado, pues al no trabajar de manera coordinada no se destaca con claridad a las víctimas ni se les da una atención integral.
La Comisión denunció que la administración actual no ha definido las metas y objetivos de las políticas acordadas en la sesión de reinstalación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescente (SIPINNA) federal, realizada el pasado 30 de abril para atender a víctimas de la delincuencia organizada
“Las niñas, niños y adolescentes son invisibles en nuestra sociedad”, lamentó Sara Patricia Orea Ochoa, integrante de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México, y denunció que, de la misma forma, en el sexenio pasado, aunque se creó el SIPINNA, “no se vio nada de avances en la materia ni acciones concretas”.
EL CRIMEN Y LAS DESAPARICIONES
Para la CNDH, la niñez y adolescencia debe considerarse víctima de la delincuencia organizada aun cuando cometen delitos relacionados, pues la omisión del Estado, la falta de oportunidades y un contexto generalizado de violencia son muchas veces lo que los orilla a realizarlos.
Muestra de ello, explicó el Primer Visitador, es que frecuentemente los derechos de la población menor de edad se ven afectados con las desapariciones de familiares y compañeros que quedan impunes. Tan solo entre 2010 y 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó que el crimen organizado ha dejado a más de 30 mil niñas, niños y adolescente s sin cuidados parentales.
“Las niñas, niños y adolescentes de quienes habla este estudio [el de la CNDH] han vivido en un contexto de muerte de familiares, compañeros de escuela, y personas conocidas. En su entorno social inmediato las personas han sido víctimas de desaparición, han estado sujetas a una vida precaria en todos sentidos sin beneficiarse de la interacción oportuna de las autoridades”, destacó Ismael Eslava.
Para Rosa María Poiré Castañeda, directora de calidad y asuntos internacionales en Save de Children México, “la presencia del crimen organizado en la vida cotidiana de niñas y niños y se gesta como un trauma colectivo”.
En materia de desapariciones, la CNDH también concluyó que aunque no existen en el país datos precisos sobre los menores de edad reclutados por el crimen organizado, las cifras de desaparición de esta población permiten una aproximación, pues citó hallazgos de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien ha documentado casos de reclutamiento forzoso y desaparición en Chihuahua, Guerrero, así como de menores de edad migrantes.
En México, 18 por ciento de las desapariciones registradas hasta abril de 2018 eran de personas de 0 a 17 años. Las tasas más altas de estos casos las tiene Colima, Sonora, Tamaulipas, Puebla y Baja California.
Mientras que Poiré Castañeda destacó que hay especial preocupación en las implicaciones para las hijas e hijos de quienes ya trabajan con el crimen organizado, las y los menores de edad incorporados en la operación de los cárteles, así como para las víctimas de delitos relacionados con dichos grupos.
Los datos recabados por la CNDH, aseguró el Primer Visitador, será entregado en los próximos días a instancias de los tres niveles de Gobierno para planear estrategias que atiendan la situación.
Por Montserrat Antúnez Estrada