La funcionaria con licencia sí ingresó a un nosocomio privado en Tijuana para ser atendida, en total secrecía y sólo por personal autorizado, al presentar un cuadro de presión alta por un ataque de pánico, pero “no está en coma y no está grave”, dijo la fuente consultada por ZETA , quien pidió el anonimato para evitar represalias.
Tijuana, 30 de noviembre (Zeta).- La secretaria de Integración y Bienestar Social del gobierno del estado, Cynthia Gissel García Soberanes, “no está en coma y no está grave ” tal como lo informó el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en un video difundido en Facebook la tarde de este viernes 29 de noviembre.
Después de que fue evidenciada una parte de la investigación que se realiza en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, sobre presuntos moches que se cobraron por alrededor de 24 millones de pesos utilizando el membrete de esa institución y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la titular, Cynthia Gissel García Soberanes, habría caído en un “estado de coma”, según lo informó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien también fue mencionado en el presunto cobro de moches.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Foto: Gobierno de BC.
La funcionaria con licencia sí ingresó a un nosocomio privado en Tijuana para ser atendida, en total secrecía y sólo por personal autorizado, al presentar un cuadro de presión alta por un ataque de pánico, pero “no está en coma y no está grave”, dijo la fuente consultada por ZETA , quien pidió el anonimato para evitar represalias.
Ello, luego de que ZETA diera a conocer un fragmento de la investigación que está llevando a cabo la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del mismo gobierno de Baja California sobre presuntos moches que habría cobrado García Soberanes y el oficial mayor, Jesús Núñez, por alrededor de 24 millones de pesos utilizando el membrete de esa institución y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez con la promesa de entregar convenios y contratos de proveeduría.
Después del mediodía de ayer, Rodríguez Lozano (uno de los funcionarios a los que se les implicó en la acusación de los presuntos moches) rechazó las acusaciones tildándolas de falsas, diciendo que “nunca he estado presente a nadie que haya sacado dinero, que haya presentado dinero, que me haya presentado dinero para realizar un contrato”.
Al considerar la información como un ataque, debido a que “hay mucha gente que no está conforme con esta forma de gobernar, donde hemos declarado la guerra a la corrupción y hemos declarado a todos aquellos que saquearon al estado”, Rodríguez Lozano descalificó la investigación de la dependencia que dirige Vicenta Espinoza Martínez.
La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Sin informar a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza, habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron “la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
https://www.facebook.com/1679526385710477/videos/825481354535464/
La primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta semana.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.