Crisis Humanitaria

CIUDAD DE MEXICO, 4 de febrero (Gobierno de México/SinEmbargo).- Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que existen 40 mil personas desaparecidas, 27 mil cuerpos sin identificar en forenses y unas mil fosas clandestinas. Dijo que es una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Encinas dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Víctimas. El año pasado se asignaron 468 millones de pesos 946 mil y se ejercieron apenas 6 millones.

El Subsecretario de Derechos Humanos fue cuestionado sobre si se trató de un subejercicio que sólo se gastaran 6 millones de los 468 mil que asignaron el año pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda. “No se trató de subejercicio, sino que nunca se libraron los recursos para la comisión”, respondió.

Alejandro Encinas aseguró que se apoyará a las familias que buscan los cuerpos sin embargo, recalcó, “el Estado asumirá su responsabilidad”. Dijo que se actuará de manera común y recordó que la semana pasada acompañaran a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda y recalcó que se respetará el derecho de las familias a buscar a los suyos, pero con el acompañamiento del Estado.

El funcionario federal fue cuestionado sobre el plan para atender los feminicidios en el país, aseguró que ya se está trabajando y que la próxima semana se presentará. También dijo que se atenderá a todas las víctimas por igual. “Nosotros no asumimos que víctimas de primera o segunda, o que hay colectivos de primera o segunda, vamos a atender a todas y vamos a dar prioridad”, detalló.

Encinas fue cuestionado sobre el tema de desapariciones forzadas a manos de Fuerzas Federales, y aseguró que esto se evitará a partir de acatar la orden del Presidente del respeto pleno a los derechos humanos. “Cumpliendo con las instrucciones que nos ha dado el Presidente a todos los miembros del Gabinete, y particularmente a las Fuerzas Armadas, para que se apeguen plenamente al respeto a los Derechos Humanos”.

Indicó que ya se está trabajando en algunas resoluciones de la guerra sucia que siguen pendientes. Sin embargo, añadió, se dará prioridad a las acciones de prevención para que esto no siga sucediendo. Encinas detalló que la mayor parte de las personas desaparecidas son jóvenes entre 17 y 29 años de edad, particularmente jóvenes de bajos recursos. Indicó que hay un número importante de mujeres que están en redes de trata y que también hay desaparición infantil.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que la paz y la seguridad son producto de la justicia. “Esto es muy doloroso, también muy lamentable. Van a ustedes a escuchar cuál es la realidad, el estado actual de este lamentable asunto. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra, para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo por el modelo económico”, dijo.

Dijo que el saldo doloroso de desaparecidos en el país es resultado de la política neoliberal implementada en los últimos 36 años. “Se trata de un saldo doloroso, terrible de la política neoliberal, esto no surge de la nada. No es que de repente los mexicanos decidieron portarse mal o como algunos llegaron a plantear, de que éramos malos los mexicanos por naturaleza, que nos gustaba la violencia, llegaron a poner ejemplos absurdos sobre prácticas que supuestamente se llevaban a cabo en la época prehispánica, cuando nuestro pueblo es pacífico, no es violento”.

“Esto es producto de la política de saqueo, del abandono a la gente. […] Es el período de más desigualdad que ha habido en la historia de México, de más corrupción, de más saqueo, ni si quiera comparado con lo que fue el saqueo colonial, de tres siglos de dominación española”, añadió. Destacó que a veces se quieren omitir las causas pero que esto es consecuencia de una política “inhumana y corrupta”, dijo López Obrador.

Encinas detalló que el objetivo fundamental del plan es diseñar con la participación de las familias de las víctimas las bases generales y políticas de búsqueda, localización e identificación de personas; y el reto fundamental es la prevención, la investigación y la sanción de los responsables. Dijo que esperan que el Sistema Nacional de Búsqueda quede totalmente instalado en marzo; también dijeron se anunciará al nuevo titular de la Comisión de Búsqueda el próximo viernes.

El Sistema Nacional de Búsqueda está conformado por 42 miembros de instituciones públicas (PF, SEE, SEGOB, FGR, entre otros). Un reto fundamental será la conformación se las comisiones locales, pues a la fecha sólo hay ocho; en otras cuatro estados hay ya el decreto que permite su conformación. En 20 entidades, a más de un año de publicarse la Ley General, no se han tomado las medidas para integrar sus comisiones.

El Subsecretario indicó que habrá recursos suficientes para la implementación del plan. Indicó que en 2018 se asignaron 468 mil 946 mdp asignados a la CNB pero sólo se ejercieron 6 mdp. Este año ya se asignaron 7.5 mil mdp a la Comisión y se busca integrar dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. “Se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio”, dijo.

Señaló que el Gobierno anterior intentó identificar los cuerpos con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Dijo que de principio la huella dactilar que toma el INE no coincide necesariamente con la huella en frío, de un cuerpo. Precisó que sólo 350 cuerpos pudieron corroborarse así y en esos casos los familiares han cuestionado la identificación.

Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.

Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación.

Y por eso el acuerdo que hemos alcanzado con muchas organizaciones, a las cuales seguiremos consultando, al igual que las familias de las víctimas, es avanzar en la implementación real de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y crear el Sistema Nacional de Búsqueda.

El objetivo fundamental son 11 puntos que iré desglosando en las sucesivas intervenciones. El objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

La verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables.

Hay que señalar -y esta es otra parte de la simulación- que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos, es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel, lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y el retraso lamentable en la implementación de la ley.

Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde del Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense, la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación, identificación, contando con un sistema único de información.

Para ello, hemos venido elaborando, también en coordinación con las organizaciones internacionales y con las organizaciones de las víctimas, los protocolos fundamentales para desarrollar estas tareas, desde el protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, como los protocolos homologados para la búsqueda, la exhumación, la identificación y desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país, que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio.

Dentro de las novedades, lo que queremos impulsar para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que ya tiene muchos años, vamos a dar prioridad a la búsqueda en vida.

Esto nos va a permitir, por supuesto, no sólo recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada, sino también enfrentar problemas vinculados con la trata de personas.

Más aún, con este tipo de acciones que ya se han venido desarrollando se ha acreditado que efectivamente pueden tenerse resultados ante una respuesta oportuna del Estado y de las distintas instituciones públicas.

Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas -que están plenamente identificadas- donde están las situaciones de riesgo de la población migrante de nuestro país.

Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el ocho y el 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender, en particular, las rutas donde se presentan con mayor incidencia estos delitos, destacando, por supuesto, la ruta que va de Chiapas, cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas, lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo.

Habrá que reformular de manera importante los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta de esta comisión en la atención de las víctimas, no solamente revisando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, sino también las tareas de acompañamiento permanente en las búsquedas de campo, agilizando los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y junto con ello fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados en donde nos faltan 12 entidades en donde puedan establecerse.

Parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país.

Para ello van muy avanzados los trabajos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense y esperemos (inaudible) la implementación total, pero en marzo esperamos poner en consideración del sistema la discusión de la creación de este instituto, en donde el diseño corresponderá a la secretaria de Gobernación y estableceremos mecanismos extraordinarios para responder al contexto en que se enfrenta esta situación, desarrollando las capacidades técnicas que tanta falta nos hace, como es la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática.

No estamos pensando en la adquisición de equipos, equipos hay de manera suficiente, pero sí de coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.

El fortalecer el trabajo de identificación, incluidas las estaciones migratorias, las terminales de autotransporte y todos aquellos registros que nos permitan tener un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza, no solamente de la magnitud del problema, sino cómo enfrentarlo de manera más eficiente.

Para ello, vamos a contar con asistencia técnica nacional e internacional.

En particular, tenemos ya acuerdos con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ACNUDH, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la agencia de cooperación alemana, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y todas aquellas instituciones con las que hemos venido platicando, particularmente con la comunidad europea, en la Unión Europea, que está en muy buena disposición de, no solamente transmitir experiencias, ayudar a la formación de capacitación técnica del personal responsable de la búsqueda, identificación, sino también con recursos para desarrollar estas tareas.

Y un aspecto adicional, finalmente, es todo aquello que tiene que ver con la aplicación de la justicia y de la ley.

Por supuesto que se tiene que continuar con la conformación de las comisiones locales, y en particular con las fiscalías especializadas en los estados, que independientemente de su margen de autonomía, deben establecer mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz.

Al mismo tiempo habrá que revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones, lo cual implica atender la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Desaparecidas, establecer en la ley con mucha claridad, y esto es muy importante, la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, de quienes dan las órdenes en caso de agencias del Estado para cometer este tipo de delitos.

Y, finalmente, un aspecto en el que ha insistido mucho el señor Presidente de la República, el establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población, a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.

Como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca más una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos.

Ya he dado cuenta de los saldos lamentables que hemos heredado y evidentemente vamos a proceder atendiendo no solamente las recomendaciones o denuncias que existan en el ámbito nacional, sino también todas aquellas sentencias que se deriven en materia de derechos humanos contra autoridades mexicanas, ya sean las emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como los de la Corte Interamericana; ya sea de la Corte Penal Internacional, porque nadie que haya vulnerado la vida, la tranquilidad de una familia debe quedar impune.

Y sea quien sea el responsable va a ser castigado por la comisión de estos delitos.

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