Más que un programa de atención médica, el Seguro Popular es un apoyo de financiamiento para los 53.5 millones de mexicanos más pobres sin acceso a seguridad social y, además, vulnerables a empobrecerse más por este tipo de gastos, consideraron especialistas del Sector Salud y ex funcionarios públicos
CIUDAD DE MEXICO, 8 de febrero (SinEmbargo).- Más que un programa de atención médica, el Seguro Popular es un apoyo de financiamiento para los 53.5 millones de mexicanos más pobres sin acceso a seguridad social y, además, vulnerables a empobrecerse más por este tipo de gastos, consideraron especialistas del Sector Salud y ex funcionarios públicos.
Otra de sus fallas principales es la opacidad. Es uno de los programas que acumula más señalamientos en el manejo de recursos públicos.
El nuevo Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, planea sustituirlo en los próximos dos años por un sistema universal de salud administrado sólo por la Federación, ya que hoy está en manos de 32 sistemas estatales que difieren en sus capacidades para proveer servicios eficaces, oportunos y de calidad, consideraron los estudiosos consultados por SinEmbargo.
Los expertos ven como retos para esta meta de universalidad la mejora radical a la transparencia y la eficacia del uso de los recursos a nivel estatal para garantizar la calidad de lo requerido. Actualmente su cobertura alcanza la mitad de la población nacional.
“Mundialmente universalizar el sistema de salud es una decisión que desde finales de la década de 1970 se pretende alcanzar. La diferencia está en cómo”, dijo la doctora Nashielly Cortés Hernández, académica de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “En términos de derecho es lo ideal para garantizar el derecho a la salud. Pero en términos técnicos se presentan muchas dificultades porque el financiamiento es limitado. Pero es lo adecuado en una sociedad tan desigual como la que tenemos en México”, consideró.
El Seguro Popular es un programa de apoyo financiero, pero ofrece lo mínimo por el límite presupuestal. El modelo del seguro social (IMSS, ISSSTE, PEMEX) ofrece hasta lo que no tiene.
Las otras opciones para que el derecho sea universal es contar con un componente horizontal [cubrir toda la población] y otro vertical [no sólo tener derecho sino también de recibir lo que requiera según su enfermedad sin tope al tercer nivel que es la especializada], explicó la médico. “La pretensión ahora es que se tienda hacia esa forma en donde el acceso es según la necesidad de atención y no según la capacidad”, planteó la académica de la UNAM.
Los principales señalamientos contra el Seguro Popular son su bajo nivel de calidad, la iniquidad de atención y las irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
“El Seguro Popular tiene una deuda importante con la sociedad fundamentalmente en el tema de la calidad de los servicios, la cual es una responsabilidad no del Gobierno Federal sino de los 32 sistemas estatales de salud con capacidades y desempeños diferentes”, dijo el investigador Carlos Moreno Jaimes, coautor del libro Seguro popular y federalismo en México (2014). “Cada estado ha montado una estructura organizacional y marco jurídico diferente y eso ha conducido a crear capacidades muy heterogéneas que lejos de ayudar a la desigualdad, la ha mantenido”.
La otra autora, la investigadora Laura Flamand, agregó que “el problema son las graves historias que hay de descuido de recursos humanos o materiales insuficientes para proveer estos servicios de salud, y tiene que ver mucho con esta tensión que hay entre los servicios descentralizados y la provisión universal del derecho”.
Como ejemplo de la iniquidad, expuso que “si una niña o niño nace en Puebla, solo por ese hecho tiene el doble de probabilidad de morir el primer año de vida que si nace en Nuevo León. Esas iniquidades están manifestada en casi cualquier indicador de salud: recursos humanos, materiales, provisión de servicios preventivos o curativos”.
Entre las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están la transferencia de recursos a fines no autorizados por el Seguro Popular, la compra de insumos a sobreprecios y los pagos sin documentación comprobatoria.
Pero de cada 100 irregularidades administrativas, solamente ocho son sancionadas efectivamente, reveló un estudio de Impunidad Cero, por lo que recomendó simplificar la estructura financiera para que todos los recursos se gestionen de forma centralizada en la Comisio?n Nacional de Proteccio?n Social para la Salud.
La propuesta de universalidad
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en diciembre que el llamado Seguro Popular “es evidente que no ha funcionado”, ya que “ni es seguro, ni es popular”, por lo que será sustituido por un sistema de salud pública universal que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos.
Ante la fragmentación del sistema de salud, anunció que la Federación se hará cargo de todo el sistema de salud de manera gradual y eliminará los cuadros básicos de salud (los límites presupuestales para oferta de medicinas), por lo que comenzará el proyecto piloto en ocho estados con una inversión de 25 mil millones de pesos. Cada seis meses se van a incorporar ocho entidades más, de modo que en dos años se tendrá el nuevo sistema de salud pública.
“Esta sustitución se va a ir dando poco a poco. Es un proceso, los que tienen este Seguro Popular, aun no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa; es decir, no se quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud”, aclaró.
“El sistema nuevo va a incluir en lo básico, a quienes no tienen Seguridad Social y vamos, también, a mejorar los servicios del ISSSTE, del Seguro Social”.
Entre los 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular y los beneficiados del seguro social, suman más de 120 millones de mexicanos.
El Primer Mandatario expuso que se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud y unidades médicas del Seguro Social; atención de segundo nivel (hospitalaria) en clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales; y en las clínicas del ISSSTE y del Seguro se van a atender emergencias, independientemente si son o no son derecho habientes. “Es muy triste lo que está sucediendo en centros de salud con los enfermos; la gente no tiene para comprar la medicina, no hay abasto de medicamentos”, dijo López Obrador.