III y última parte
Los empleados de ICIT usaban NiceTrack, un software de análisis de datos israelí que se vende a gobiernos, de acuerdo con las comunicaciones obtenidas para esta investigación.
“No podían comprarlo directamente, pero lo compró la Secretaría y nosotros lo usábamos en ICIT”, dijo otra persona que estuvo en ese año.
En un correo electrónico del 2012, Uribe indicó a los empleados de ICIT que pronto vendrían asesores desde Israel para orientarlos en las búsquedas en NiceTrack y que podrían “generar reportes diarios o con la frecuencia que lo requieran”. En esa misma comunicación explicó que el sistema operaría “desde un acceso remoto, en otro edificio”.
Las instrucciones fueron para los empleados de ICIT que no formaban parte del gobierno y que no estaban familiarizados con la herramienta, explicó uno de los entrevistados.
“Éramos empleados simples, nunca habíamos recibido capacitación de seguridad ni nada por el estilo”, dijo una de las empleadas de ICIT que fue parte del proyecto pero nunca trabajó para el gobierno.
Los Weinberg habían vendido este programa en 2008 a la Secretaría a través de una de sus empresas llamada Nunvav, que comparte oficinas en México y Panamá con ICIT.
“Somos amigos (de García Luna), pero no por eso tuvimos contratos en el gobierno. Nosotros vendimos tecnología a la Policía Federal, vendimos a otras áreas, pero nunca hemos cobrado una comisión más alta que en el resto del mundo’’, aseguró Weinberg.
Luis Fernando García, director de R3D explicó que este programa permite en un primer momento la localización geográfica de personas y de dispositivos de comunicación. También podría permitir la intercepción de comunicaciones y de tráfico de Internet, añadió.
“Es bastante preocupante que una herramienta con estas potencialidades estuviera siendo utilizada por personas que no son parte del servicio público, o que sí lo son, pero siendo utilizada para fines privados’’, señaló García. “Genera muchos cuestionamientos respecto de la potencial criminalidad de esta operación”, agregó.
Nunvav es la misma compañía que en 2010 y 2011 cobró 14 millones de dólares por la venta en Panamá del software PSS, utilizado por el gobierno de Ricardo Martinelli para espiar a opositores y diplomáticos, según documentos judiciales.
Wancier aseguró que ellos fueron investigados en Panamá pero nunca resultaron inculpados por el caso Martinelli.
Responsabilidades legales
Nunvav ha vendido equipo y software de seguridad en México durante la última década y aún tienen algunos contratos vigentes y en espera de cobro, según dijeron a Univision. En los últimos años, se convirtió en proveedor oficial del gobierno de Nuevo León y de Tamaulipas. En septiembre del 2016 firmó un contrato de capacitación sobre el sistema penal acusatorio y competencias policiales básicas con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
Una de las entrevistadas que trabajó sólo en ICIT y no en el gobierno dijo que renunció a su trabajo cuando entendió que corría un riesgo legal. “Un día después de una discusión pregunté a mi jefe si lo que estábamos haciendo era ilegal y si nos podíamos ir a la cárcel y me dijo que sí. Ese día supe que tenía que irme”, relató.
Otros entrevistados salieron de la compañía entre finales del 2012 y mediados del 2013. Ellos dijeron que el estrés de haber trabajado allí fue tal que debieron pasar después varios años en terapia psicológica.
“En 35 años que tenemos con la empresa nunca nos han encontrado ninguna ilegalidad”, dijo Weinberg. Hasta ahora, no hay indicios públicos de que estas empresas hayan sido investigadas por ninguna actividad criminal.
La Ley en México establece que las faltas administrativas pueden ser investigadas sólo en los cinco años posteriores a que fueron supuestamente cometidas.
Univision consultó los detalles de este caso con la Secretaría de la Función Pública, la autoridad encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos en México. El director de responsabilidades de esa institución, Fernando Martínez, dijo en entrevista que el caso podría ser investigado, aunque haya sucedido en 2012, por la permanencia de las compañías en otros negocios posteriores.
Afirmó: “La investigación se hace incluso cuando ya no son funcionarios o servidores públicos, pero en el momento en el que se cometió la posible falta administrativa sí eran servidores públicos y por lo tanto les aplica la ley”.
(UNIVISION)