CIUDAD DE MEXICO, 16 de marzo (SinEmbargo).- La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) hizo negocios con las últimas cuatro administraciones priístas en el Estado de México, donde los vínculos entre proyectos de infraestructura y el financiamiento ilegal de campañas políticas “perpetuaron los efectos de la corrupción”, de acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari.
“Hay evidencia suficiente, tanto en el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL] financiaron la campaña de Eruviel Ávila [Villegas] en el 2011, la [campaña] federal de [Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo [Maza]” en 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo.
OHL México -ahora Aleatica- fue señalada esta semana por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante los comicios electorales del 2017-2018.
Tras la acusación, OHL aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.
Sin embargo, de acuerdo con Gargari, no es una sorpresa que OHL financiara la campaña de guerra sucia en contra de AMLO, pues considera que el uso discrecional de recursos públicos, la opacidad y la falta de castigo y de aplicación de la Ley ha sido “la triste realidad del Estado de México durante las últimas cuatro administraciones estatales”.
Para el hombre que ha denunciado y litigado en contra de la empresa de origen español desde el 2015, OHL representa “el prototipo de la corrupción transfronteriza […] vinculado a un grupo político, que es el grupo político del PRI del Estado de México, que se enquista allí y que lo pervierte todo”.
Hace un año, el litigante mencionó a SinEmbargo que existía una “extraña” coincidencia entre los años de elección de cargos públicos y la renegociación de contratos entre el Gobierno mexiquense y OHL México.
Las declaraciones de Gargari, no obstante, tienen sustento. Entre los años 2003 y 2017, los cuatro proyectos de infraestructura más importantes de OHL en el Edomex –el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario– iniciaron, fueron modificados y/o concluyeron en fechas cercanas a periodos de elección popular, fueran para Gobernador (2005, 2011 y 2017) o Presidente de la República (2012).
Extrañas coincidencias
Sin considerar la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca, los tres principales contratos de OHL en el Edomex fueron una inyección de capital, sobre todo concentrada en el periodo de Gobierno de Arturo Montiel Rojas, cuyo Circuito Exterior implicó el pago de 24 mil 921 millones de pesos a OHL.
Le siguieron el Viaducto Bicentenario durante el mandato (2005-2011) de Enrique Peña Nieto con 10 mil 071 millones y la carretera Atizapán-Atlacomulco del periodo de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), con un costo de 9 mil 500 millones de pesos.
Casi dos años después de obtener la concesión de la AMAIT, el 7 de mayo de 2008, la empresa de origen español obtuvo la concesión por 30 años (hasta 2038) del segundo piso del Periférico, a través de su filial Viaducto Elevado Bicentenario.
Seis y medio meses antes, el 23 de octubre de 2007, el dictamen técnico de la licitación pública del proyecto determinó que OHL era la mejor opción para “construir, explotar, operar, conservar y mantener” el Viaducto Elevado.
Años después, en 2012 y a unos meses de haber sido elegido como el nuevo Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas anunció la extensión de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense por 21 años más (hasta 2051), de acuerdo con lo establecido en la modificación al “Título de Concesión” de diciembre de 2012. Asimismo, el priista autorizó los incrementos de tarifas para 2013 y 2021.
Los políticos y los empresarios en el Edomex, de acuerdo con Gargari, “adoptaron el método de decir: ‘vamos a hacer las ampliaciones de tarifa en dos [momentos]. Las incrementas por inflación en enero o febrero; y después de la elección, le das el otro golpazo a la ciudadanía’”.
Para noviembre de 2016, siete meses antes de la elección de Gobernador del Estado de México, el Gobierno federal amplió de 30 a 60 años la concesión de OHL en la autopista Amozoc-Perote de Puebla (hasta 2063) y autorizó un incremento escalonado de seis por ciento anual en las tarifas de la vialidad, por un periodo de seis años (hasta 2022).
Dos meses después de las elecciones, en agosto de 2017, fue avalado el cobro de las tarifas máximas de peaje en el Viaducto Bicentenario, ya bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza (2017-presente).
Inclusive, el 29 de mayo de 2017, el ahora Presidente López Obrador reveló que la SCT le entregó a OHL la concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco porque estaba financiando la campaña política de del Mazo.