Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo , estudiantes el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la capital de Nuevo León, fueron asesinados por elementos del Ejército y luego criminalizados por el Gobierno federal, que promovió la versión de que eran miembros del crimen organizado. El señalamiento provino desde el escaño más elevado, ya que fue el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa , quien solía llamar a las víctimas de su estrategia se seguridad “daños colaterales” , el que se refirió a ellos como “sicarios” .
A pesar de las contradicciones y de las pruebas que indicaban que Jorge y Javier eran alumnos destacados, su asesinato y criminalización fue parte de una práctica recurrente del Gobierno mexicano, en el que a menudo las víctimas fueron implicadas de manera premeditada con grupos delictivos.
El pasado 19 de marzo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas por este caso en particular. Sus palabras reavivaron el reclamo del pueblo mexicano por la violenta guerra contra el narcotráfico que ha dejado ya cientos de miles de víctimas –entre ejecutados, desaparecidos y personas con heridas irreversibles–. Horas después de que Sánchez Cordero pronunció su discurso, el encono en contra de la fallida estrategia revivió en las expresiones de usuarios de Twitter con los hashtags #TodosSomosJorgeyJavier y #eranalumnosnosicarios.
https://youtu.be/VdT2RdhpfyY
Estas etiquetas fueron un desahogo para aquellos que lucharon por exigir que los nombres de los estudiante se limpiaran. De acuerdo con Tweet Binder, herramienta de análisis de Twitter, el principal actor aludido con estas etiquetas fue Felipe Calderón. En esta última protesta dirigida al ex mandatario hay elementos que surgen de la memoria colectiva y en la que destaca el aumento de la violencia en su sexenio, su actitud indolente ante las víctimas y la constante criminalización a ellas.
En un análisis de los tuits que realizó el ex Jefe del Ejecutivo federal durante 2010 y 2012 destacó su interés por referirse a los “criminales”, término que adquirió tal protagonismo en su cuenta que se identificó entre los primeros 10 que más empleó en sus últimos dos años de mandato.
TWITTER REFLEJA EL DESGASTE
Detrás de los casos de Javier y Jorge hay una larga lista de homicidios de niños y jóvenes que fueron invisibilizados y criminalizados por el Estado mexicano. En esta dinámica, una de las constantes fue la actitud indiferente y silenciosa del ex Primer Mandatario.
Entre 2010 y 2012 privó la determinación del entonces Presidente por llevar a cabo hasta el último día de su mandato la confrontación del fuego con el fuego, como única alternativa para combatir al crimen, así como la reiteración de que las víctimas de esta estrategia de seguridad pertenecían al crimen organizado.
“La lucha vs criminales es por la seguridad de los ciudadanos, no es un capricho del gobierno. Y es responsabilidad de todos los gobernantes”, escribió el ex panista el 29 de agosto de 2010 desde su cuenta de Twitter.
Su actitud indolente se convirtió en un tema central en la discusión y en donde las emergentes redes sociales fueron el principal foro de campañas como #NoMásSangre, protesta que funcionó como una contranarrativa al discurso presidencial y un catalizador del hartazgo.
En mayo de 2010, Felipe Calderón aperturó su cuenta oficial de Twitter, la misma que mantiene activa hasta ahora y en la que a menudo obviaba la culpabilidad de las personas detenidas por supuestos hechos delictivos. Su cuenta comenzó a funcionar en medio de la escalada de la violencia. A través de ella informó sobre la detención de capos y de otros presuntos integrantes de cárteles, de ellos no tenía duda de su culpabilidad.
“La Marina capturó a 7 adultos y dos menores (14 y 17) que participaron en el asesinato de migrantes. Algunas evidencias los incriminan”, escribió el 8 de septiembre del 2010”, escribió el 8 de septiembre.
MASACRES Y LUEGO SILENCIO
Entre enero y octubre de 2010, las masacres en las que niños y jóvenes perdieron la vida se multiplicaron por todo el país. La crisis inició el 31 de enero en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua,un fraccionamiento en el que 18 estudiantes –algunos menores de edad– fueron ejecutados a sangre fría por un comando armado; a ellos Calderón Hinojosa se refirió como “pandilleros”.
En marzo de ese año le llamó “sicarios” a Javier y Jorge, estudiantes del Tec de Monterrey, y en abril de ese mismo año estalló otra crisis más en Ciudad Mier, Tamaulipas, una localidad perteneciente a la llamada “frontera chica”, donde la violencia se recrudeció de manera dramática.
Ciudad Mier había sido declarada Pueblo Mágico en 2007, pero a raíz de la violencia desatada por la lucha de cárteles se convirtió en un pueblo fantasma.
En medio del éxodo de Ciudad Mier, los niños Martín y Bryan Almanza, con 9 y 5 años de edad respectivamente, fueron asesinados; sus familiares aseguraron que quienes dispararon vestían como militares. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó más tarde que las balas habían sido disparadas por miembros del Ejército. La versión del Estado fue que los niños fallecieron en el fuego cruzado entre elementos castrenses y sicarios.
En este contexto, Felipe Calderón pocas veces dirigió condolencias a las víctimas de su estrategia de seguridad pero destacaba temas de seguridad como detenciones y operativos, en ocasiones se refería a los criminales con actitud desafiante.
“Repudiables y cobardes los actos cometidos en Reynosa. Los criminales no tienen el valor de dar la cara”, escribió el 28 de agosto del 2010.
Entre discusiones con otros tuiteros, agradecimientos a diferentes actores y la justificación de la violencia, Calderón atravesó en octubre de 2010 una de las peores crisis de su sexenio. De manera consecutiva –entre el 22 y 29 de aquel mes– se desataron varias masacres y en todas ellas las víctimas fueron menores de edad.
El 22 de octubre, un grupo de sicarios ingresó a una vivienda de la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, en la que se celebraba una fiesta y ejecutó a 14 adolescentes, entre ellos una niña de 7 años.
Dos días después, la masacre se repitió en Tijuana; en esa ciudad, 13 jóvenes recluidos en un centro de rehabilitación fueron ejecutados por un comando armado; el 28 de octubre, otros 15 jóvenes fueron ejecutados al interior de un autolavado en Nayarit.
En menos de una semana casi una centena de jóvenes y niños fueron ejecutados de manera intencional, a sangre fría, en varias ciudades del país. En Twitter, Calderón sólo se expresó sobre la primera matanza, del resto no hay datos que comprueben un posicionamiento de su parte a través de esta red social.
“Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Cd. Juárez”, expresó acerca de la masacre del 22 de octubre.
De acuerdo con un informe publicado por el Programa de Políticas de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante el sexenio de Felipe Calderón fueron 68 las masacres con más de 10 personas ejecutadas.
SE OYEN BALAZOS…
La discusión por la guerra contra el narcotráfico se posicionó de manera gradual en Twitter. Al final del sexenio, era evidente que de la violencia había surgido un lenguaje en el que el hashtag adquirió varias dimensiones: articuló protestas y movilizaciones, advertía del riesgo y enunció la tragedia.
En medio del proceso electoral, y días después de que el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto fuera repudiado en la Universidad Iberoamericana, la violencia se incrementó en el país. Cadereyta, Nuevo León, fue un caso sin precedentes. En aquella localidad aparecieron 49 cuerpos mutilados, sin extremidades ni cabeza. De aquella masacre surgió en Twitter una protesta a través de la frase #49Mutilados.
La etiqueta destacó el horror que padeció aquella población durante varias semanas, en donde la violencia se desató mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se aferraba a mantener el clima electoral.
En Cadereyta, al hashtag #49Mutilados le siguió la etiqueta #NLFollow, con la que los pobladores advirtieron de la presencia de personas armadas, ejecuciones y hechos violentos que se presentaron en la zona durante semanas.
“Pese a blindaje en Cadereyta, NL ahora matan a dos”, expresó un usuario el 24 de mayo del 2012, a menos de un mes de la tragedia.
MILLONES EN PUBLICIDAD
En 2009, un año antes de que se desatara la crisis de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invirtió millones de pesos en una campaña de reclutamiento. Entonces ser joven tenía una connotación distinta para el Estado, le buscaba para conformar el nuevo cuerpo de seguridad con el que Calderón Hinojosa abanderó su lucha contra el crimen.
La campaña se intensificó en 2011, cuando el Gobierno federal pagó a Carames & Partners, S.A. DE C.V. un total de 2 millones 298 mil pesos por promocionarla, según se describe en el contrato DCP/PS/107/2011 de acuerdo con la Unidad de Transparencia de esta entidad.
En 2010, año en que se generaron múltiples masacres a jóvenes, y niños el discurso del Gobierno federal se mantenía distante de las víctimas. Con una visión de la problemática segmentada, orientó una intensa campaña para evitar que las mujeres se involucraran en el crimen organizado: con el título “Prevención de Ingreso de las Mujeres en el Narcotráfico” el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pagó a varias agencias de publicidad y medios de comunicación por dar este mensaje.
GASTOS INCONGRUENTES
Antes de que detonara la crisis de asesinatos, el Gobierno de Calderón pagó 8 millones de pesos al Centro para la Investigación y el Desarrollo, A.C., según se describe en los contratos PGR/AD/CN/SERV/123/2008 y PGR/AD/CN/SERV/124/2008, por dos estudios que costaron cuatro millones respectivamente, mediante los que la organización analizó para la Procuraduría General de la República (PGR) identificó actividades del narcotráfico en varias regiones del país, así como riesgos y modalidades operativas del crimen organizado. Sin embargo, dos años más tarde, el estudio no repercutió en evitar el incremento de la violencia.
Con cifras de homicidios históricas, el Gobierno federal invirtió 5 millones 450 mil pesos, (una cifra superior por cada uno de los estudios de diagnóstico) en un espectacular que fue colocado en la frontera chihuahuense.
El descomunal letrero fue creado con centenares de armas decomisadas y con las que la empresa 5M2, S.A. de C.V. formó la frase “No more weapons” (No más armas), el cual estaba dirigido a los comerciantes de proyectiles estadounidenses. El espectacular fue inaugurado por el propio Felipe Calderón, pero fue retirado semanas después por órdenes del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez –hoy prófugo de la justicia mexicana– bajo el argumento de que daba mala imagen al turismo.