La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) en México, una de las responsables del estudio, lamentó que el presupuesto de 2019 recortó fondos por valor de 11.6 millones de pesos a la unidad que financia los sueldos del personal del mecanismo.
PBI México consideró que “las medidas de protección a menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad sobre el terreno en las diferentes regiones del país”.
Los recortes al presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México hacen más difícil la protección a estos, la cual es “insuficiente” , desveló este viernes un estudio .
El informe “Cambiando el curso de la impunidad: Protección y acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México” destaca que el mecanismo adolece de “serias carencias” y ejemplifica que solamente 35 funcionarios supervisan la protección de alrededor de 800 periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) en México, una de las responsables del estudio, lamentó que el presupuesto de 2019 recortó fondos por valor de 11.6 millones de pesos a la unidad que financia los sueldos del personal del mecanismo.
Esta es la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Precisó que, si bien el mecanismo gastó aproximadamente 259.9 millones de pesos en la implementación de medidas de protección en 2018, el Congreso asignó 207.6 millones de pesos para medidas de protección en 2019.
Al margen del presupuesto, PBI México consideró que “las medidas de protección a menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad sobre el terreno en las diferentes regiones del país”.
Desde agosto de 2017, seis personas beneficiarias del mecanismo de protección han sido asesinadas, agregó.
Además, en el 39 por ciento de los casos que registra el mecanismo, los probables agresores de las amenazas y ataques son servidores públicos.
Del mismo modo, el abuso de autoridad fue el segundo delito más reportado por las procuradurías y fiscalías que nutren de datos el estudio.
Este también enfatiza que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) “se ha visto severamente limitada por la falta de recursos humanos y financieros”.
El presupuesto de la dependencia se redujo entre 2014 y 2018 un 54 por ciento. Pasó de más de 39 millones de pesos en 2014 a unos 18 millones en 2018.
La FEADLE cuenta únicamente con 22 fiscales y 15 elementos de la policía investigadora.
Pero no todo es malo, el estudio también valora los buenos resultados en el norteño estado de Chihuahua.
Allí, el mecanismo ha logrado “avances en el desarrollo de estrategias que trascienden la protección inmediata a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
“Las experiencias en el estado de Chihuahua podrían servir como modelo para desarrollar planes integrales de prevención de la violencia que se adecúen mejor a los contextos locales”, expuso PBI México.
El país es uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el mundo.
Según cifras de la organización Artículo 19, durante 2018 murieron 9 periodistas por homicidio.
Durante el pasado sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se produjeron 47 asesinatos de periodistas en México y un total de 2 mil 347 agresiones contra los medios de comunicación.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre, van al menos siete periodistas asesinados, uno de ellos por crimen pasional.
El pasado 25 de marzo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, informó la situación en la que se encuentran el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Alertó que el Gobierno pasado entregó la responsabilidad a una empresaprivada, la cual reporta deficiencias y el contrato que se mantiene es “oneroso”.
Encinas recordó que el mecanismo tiene una junta de Gobierno que es la que decide sobre las acciones de protección, las cuales se dividen en: Urgentes (evacuación; reubicación temporal; asignación de escoltas; protección en inmuebles); tecnológicas y físicas (entrega de botones de asistencia; instalación de cámaras, cerraduras; chalecos antibalas; detector de metales y automóviles; preventivo (campañas, manuales, conciencia pública).
Detalló que actualmente hay 780 personas bajo el mecanismo de protección: 292 periodistas (el 37 por ciento) y 498 defensores de derechos humanos (el 63 por ciento).
Sólo diez entidades del país concentran el 67.2 por ciento de los periodistas y defensores protegidos. La Ciudad de México concentra el 16.8 por ciento de los beneficiarios; seguido de Veracruz con 9.6 por ciento; y Guerrero con 8.8 por ciento.
El resto de las entidades son: Oaxaca (6.8 por ciento); Edomex (5 por ciento); Tamaulipas (4.7 por ciento); Chiapas (4.6 por ciento); Coahuila (3.9 por ciento); Chihuahua (3.5 por ciento); Quintana Roo (3.5 por ciento).