CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril (SinEmbargo).- Un antiguo Magistrado federal estaría implicado en actos de lavado de dinero y delitos relacionados, según informó el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
A través de su cuenta de Twitter el titular de la UIF informó además que la dependencia tiene más de 3 mil 400 millones de pesos bloqueados por los mismos delitos, sumados a los 37 millones de dólares.
Sin anunciar nombres, Nieto expuso que al antiguo representante del poder judicial se le investiga por actos de corrupción.
Por la mañana, durante su conferencia de prensa diaria, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer le llegó un expediente de la función Pública de algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en corrupción durante la administración pasada, por lo que envió un memorándum para que se proceda a la investigación.
Se comprometió a que en unos días dará a conocer todas las denuncias que se han presentado ante la FGR por delitos de huachicol, corrupción y delincuencia organizada.
“Todo lo que nos llega, si inteligencia financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero la instrucción del responsable, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda en todos los casos”, aseveró.
Nieto Castillo ha informado que Hacienda congeló cuentas por más de tres mil millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos, y ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), para avanzar en sentencias condenatorias.
De acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo, jueces han ordenado el descongelamiento de 31 cuentas en el caso de la empresa gasolinera Hidrosina, en el marco del combate al robo de hidrocarburos, y dos del líder sindical de bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, investigado por venta de plazas, basados en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entorno al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que los legisladores de Morena han propuesto modificar para desobstaculizar la labor anti-lavado.