SAN DIEGO, California, EE.UU., 4 de abril (AP).- Al cumplirse el primer aniversario de la política de “cero tolerancia” del gobierno del presidente Donald Trump, la promesa de procesar por la vía penal a todo aquel que cruce la frontera de Estados Unidos con México de manera ilegal se ha visto obligada a evolucionar. Hoy en día la realidad es que las familias van primero.
Un aumento en la llegada de familias, en su mayoría provenientes de Guatemala y Honduras, ha provocado que los agentes de la Patrulla Fronteriza dejen de preparar casos penales y en su lugar se dediquen a cuidar a los niños que están en los centros de detención, a trasladar a las familias a las estaciones fronterizas y a atender al creciente número de migrantes que necesitan servicios médicos.
“Estamos gastando mucho tiempo y esfuerzos y dinero para cuidar a las familias”, dijo Ross Wilkin, portavoz de la Patrulla Fronteriza. “Los números están por las nubes”.
Cuidar a los pequeños que viajan sin compañía de un adulto también implica recursos, así como una nueva política del gobierno para regresar a los solicitantes de asilo a que esperen en México mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración, comentó Wilkin.
Los efectos pueden verse en el impacto cada vez menor de una de las políticas de inmigración distintivas del gobierno de Trump.
En San Diego, únicamente siete migrantes se presentaron en un tribunal el miércoles con las mismas prendas que vistieron la víspera. Fue entonces cuando los agentes encontraron a algunos de ellos escondidos en un tubo de desagüe y en la maleza de una zona lejana. Fue un duro contraste a lo ocurrido en septiembre, cuando hasta 40 migrantes acudían a las cortes a diario, y a veces había 20 a la vez.
Las audiencias se cancelaron en San Diego el 27 de marzo por primera vez desde que la política de “cero tolerancia” fue implementada en California en julio, varios meses después de que se anunció a nivel nacional, debido a que los fiscales no presentaron ningún caso, dijo Jami Ferrara, quien representa a los abogados de la defensa en un panel de la corte para abordar la política.
En McAllen, Texas, sólo dos personas fueron sentenciadas en una audiencia el lunes, de acuerdo con una persona familiarizada con las operaciones del tribunal y que no estaba autorizada para hablar públicamente con los medios por lo que pidió guardar el anonimato. El relato de esa persona fue confirmado por el abogado Efren Olivares del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
El año pasado, durante el punto álgido de las separaciones de familias a consecuencia de la política de cero tolerancia, los jueces sentenciaban a decenas de personas en una sola audiencia.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza remitió 8.998 casos para procesos penales a lo largo de la frontera con México en febrero, un 12% menos de los 10.252 registrados en enero y una caída del 23% de los 11.652 en octubre, de acuerdo con la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa. Las remisiones a las autoridades federales disminuyeron un 35% en el distrito sur de California de octubre a febrero, y un 34% en el distrito sur de Texas, el corredor más transitado para los cruces fronterizos y el cual incluye a McAllen.
Las cifras de marzo no estaban disponibles, pero la caída podría ser aún más grande. Olivares y la persona familiarizada con el tribunal de McAllen estimaron que los procesos por una entrada ilegal bajaron de alrededor de 500 por semana en febrero a unos 100 cada semana en marzo.
La política de cero tolerancia fue anunciada el 6 de abril de 2018 por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions, que prometió enjuiciar a los infractores primerizos por ingresar al país ilegalmente con delitos punibles hasta por seis meses de cárcel, aunque generalmente las sentencias eran de unos días. La información sobre si la estrategia disuade a la gente de cruzar la frontera de manera ilegal es limitada e inconclusa, con cifras de 2012 que muestran que el 10% de los migrantes detenidos por ingresar ilegalmente habían sido arrestados el año anterior.
La política fue contraproducente cuando miles de niños fueron separados de sus padres y el gobierno no tuvo los sistemas de rastreo necesarios para reunirlos lo antes posible. Trump dio marcha atrás en junio en medio de una indignación a nivel internacional, y seis días antes de que un juez federal fallara que las familias sólo pueden ser separadas bajo circunstancias limitadas, como preocupaciones por el bienestar de los niños. Desde entonces, la política únicamente se ha implementado en los adultos que viajan solos.
Aunque las familias y niños sin compañía de un adulto representan seis de cada 10 arrestos de la Patrulla Fronteriza, hay más adultos solos que llegan al país. Hubo 23.451 arrestos de individuos en febrero, un aumento del 7% de los 21.918 en octubre.