CIUDAD DE MEXICO, 10 de mayo (SDP Noticias).- El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “el país es una enorme fosa clandestina”.
Enfrenta una emergencia forense con más de 26 mil restos sin identificar en los anfiteatros del país, así como insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense.
Los datos fueron ofrecidos por representantes del gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos, durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se lleva a cabo en Kingston, Jamaica.
Mecanismo forense extraordinario
Ante la carencia de instrumentos en los análisis, los representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un mecanismo forense extraordinario.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que México está en emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo.
Destacó que la herencia más dolorosa que ha recibido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la que representa la desaparición forzada y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y niños.
“Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”.
5 mil 900 especialistas en materia forense
En ese contexto se dieron a conocer los resultados de un diagnóstico del sistema forense nacional que se llevó a cabo hace unos días por la subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República.
Se informó que hay 266 centros forenses. Se cuenta con 5 mil 900 especialistas en la materia... la gran mayoría son criminalistas, en tanto que hay un déficit en antropólogos y arqueólogos forenses.
Asimismo, se dijo que solamente hay 40 laboratorios de práctica de pruebas genéticas forenses y sólo 335 expertos en esa materia.
Resolver el asunto de los 40 mil desaparecidos
De acuerdo con Encinas, la prioridad del gobierno de López Obrador es resolver los casos de los más de 40 mil desaparecidos, así como la crisis forense, porque en el sexenio pasado lo que se hizo al respecto fue simulación.
Por su parte, el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas afirmó que el titular del Ejecutivo federal ha asumido compromisos muy serios para resolver la crisis de desaparecidos.
“He escuchado al propio presidente López Obrador decir que no habrá limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se ha trazado, que es el necesario hallazgo (de los ausentes). Creo en esas manifestaciones, (las dijo) no como un político en campaña, sino como un Presidente en ejercicio. Tengo la convicción que eso se va a cumplir”, señaló.
En la audiencia, la integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), resaltó que en los 15 años colaborando con autoridades mexicanas en la identificación forense, vio como un primer problema la falta de claridad sobre el número de cuerpos sin identificar en las instituciones, ya que algunos funcionarios hablan de 26 mil y otros de 36 mil cuerpos.
Describió como problemas la “grave fragmentación” de restos resguardados por institutos forenses y procuradurías; el elevado volumen de restos, lo que dificulta contar el número de cuerpos; falta de claridad sobre los sitios donde se encuentran los cadáveres no identificados, y deficiencias en las bases de datos.
Al destacar que “la saturación del sistema forense actual, condena de los casos de más larga data, a una larga espera, con el consecuente sufrimiento de las familias de las víctimas”, Doretti consideró que la creación de un mecanismo extraordinario independiente de los servicios forenses sería una oportunidad histórica para dar tranquilidad a un alto número de familias”.
En una audiencia anterior, “Denuncias de desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México”, Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Ana Laura Velázquez, de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y Laura Curiel, del colectivo de familiares de víctimas “Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos”, expusieron la gravedad de la situación en el Estado de México, que amerita una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Con base en datos oficiales, las defensoras expusieron que entre 2012 y 2018 había 2 mil 363 expedientes de mujeres desaparecidas registradas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cifra que representa el 46% del total desaparecidos en la entidad; que hasta agosto de 2018 estaban pendientes de localizar mil 73, y que en el primer trimestre de este año han desaparecido a 32 niñas, adolescentes y mujeres.
Ante las comisionadas, Esmeralda Arosamena, Margarette May Macaulay y Antonia Urrejola, y el comisionado Luis Ernesto Vargas, las defensoras solicitaron a la CIDH la creación “del Grupo de Observación para el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres en México y que las relatoras de México (Arosamena) y género (Macaulay) realicen una visita in situ a esta entidad”.
Al gobierno mexicano, representado por Encinas, las defensoras pidieron que se declare la segunda AVG para el Estado de México; diseñar una estrategia para la localización con vida de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas; fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales “con los recursos y personal suficiente para su funcionamiento”, y que integren la perspectiva de género en sus actuaciones.
A la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, solicitaron el reconocimiento de la labor de los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil; revisión de expedientes y reclasificar aquellos que no están siendo investigados por desaparición.
También crear una mesa de trabajo con presencia del gobernador; fortalecimiento institucional; buscar con perspectiva de género, y que se abstengan de “revictimizar y estigmatizar a las víctimas y sus familiares”.
En respuesta a los familiares de víctimas y organizaciones presentes en las audiencias, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la crisis humanitaria y sostuvo que el gobierno de López Obrador tiene como prioridad atender el problema de las desapariciones, para lo que no habría límites de recursos.
Encinas, quien prometió dar a conocer un diagnóstico del sistema forense el lunes 13, consideró que “no habría necesidad de un nuevo mecanismo” de asistencia internacional para atender la crisis forense, tema que debe “ser extensivo para auxiliar en las tareas de búsqueda” contempladas en el acuerdo de colaboración entre el Estado mexicano y el organismo en el caso Ayotzinapa.
En su oportunidad, la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, adelantó que para atender la emergencia forense, el gobierno de López Obrador emitirá una convocatoria internacional para identificar los restos que se encuentran resguardado en los centros forenses.
Quintana Osuna informó que entre las primeras acciones durante su encargo, se visitaron 266 centros forenses en el país, en los que laboran 5 mil 900 personas de diferentes especialidades, además de que existen 40 laboratorios de identificación genética y sólo 35 especialistas en esa materia, en tanto que en 21 estados se tienen los mismos marcadores de identificación genética, lo que permitiría un intercambio de información.
La funcionaria destacó que del balance se pudo determinar que hay “un déficit de arqueólogos y antropólogos forenses”, por lo que la propuesta de solución es hacer una convocatoria internacional para trabajar en la identificación de los cuerpos que se encuentran en los centros forenses.
En cuanto a la audiencia de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México, Encinas Rodríguez señaló que es un problema que “no es privativo” de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.