México

Detienen a ex juez por fraude a derechohabientes del Infonavit

CIUDAD DE MEXICO, 18 de mayo (SinEmbargo).- Mario Alberto “N”, ex juez de primera instancia en Compostela, Nayarit, fue detenido por presuntamente haber defraudado a un hombre, informó la Fiscalía General de Nayarit, estaría ligado al fraude de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Mario Alberto ‘N’ fue detenido por existir una orden de aprehensión girada en su contra, por su probable participación en el delito de fraude específico en agravio de una persona de sexo masculino”, indicó la dependencia en un comunicado.

El hombre fue presentado frente al Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, para definir su situación legal.

Junto con otros tres jueces estatales y un Magistrado, el ex juez está relacionado con el fraude del Infonavit.

El pasado 3 de mayo, el Congreso estatal aprobó el desafuero de Mario Alberto “N”, de otros tres jueces estatales y un Magistrado por el caso.

El pasado 9 de mayo dos ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un fraude contra 60 mil derechohabientes del Infonavit, en siete estados del país.

Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, están acusados por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico, reportaron medios nacionales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) entre los años 2013 y 2018, tuvo lugar un fraude contra alrededor de 60 mil derechohabientes del Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en los Estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Presuntamente participaron dos magistrados y cuatro jueces estatales; también se vieron involucrados funcionarios de Infonavit, abogados y funcionarios del Poder Judicial y un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.