LOS ANGELES, California, Estados Unidos, 27 de junio (La Opinión).- A poco más de un año de recuperar su libertad, Vicente Benavides Figueroa entabló una demanda federal contra el condado de Kern, la ciudad de Delano, cuatro agentes de policía, el Fiscal y el médico forense que lo procesaron, por condenarlo a la pena capital erróneamente y hacerlo pasar más de 25 años de su vida en el pabellón de la muerte.
“Siempre mantuve la esperanza. Nunca perdí la fe y gracias a Dios aquí estoy, yendo al doctor y a mi terapia para ver si un día me puedo recuperar. El amor a mi familia y amigos que me visitaron, me dio la fuerza y razones para sobrevivir todos estos años que fui condenado injustamente”, dijo Vicente de 69 años, nacido en Jalisco, México, y padre de una hija y un hijo de 45 y 32 años.
En 1993, Vicente, quien era un trabajador del campo fue condenado por el asesinato y violación de Consuelo Verdugo de 21 meses de edad, hija de su novia. Basado en evidencias médicas falsas, un jurado lo encontró a los 41 años de edad, culpable de asesinato, sodomía y conducta lasciva.
“Sufrí condiciones inhumanas, acusado de un crimen inimaginable. Yo amaba a Consuelo como si fuera mi propia hija. Hasta la fecha continúo sufriendo por la injusticia y el dolor de perderla y los años que me sentenciaron a estar separado de mi familia y a un trauma excesivo. Nunca podré olvidar todo lo que perdí cuando estuve encarcelado, incluyendo la pena de no ver a mis padres antes de morir”, señaló.
Su abogado Salomón Zavala sostuvo que el sufrimiento al que se sometió al condenar a Vicente a muerte, no se le desea ni al peor enemigo. “Sufrió tremendamente condenado por un horrible crimen del que es completamente inocente”, afirmó.
Precisó que previo a esa condena no tenía antecedentes de arrestos o condenas ni en México ni en Estados Unidos.
El 12 de marzo del 2018, la Corte Suprema de California desechó la condena de pena de muerte al determinar que abrumadoramente se había llegado a la conclusión de que se habían presentado evidencias falsas al juicio.
Además establecieron que la teoría de la causa de la muerte era anatómicamente imposible. Por lo tanto, no había evidencia de que Vicente se involucró en algún contacto inapropiado con Consuelo. Por lo contrario, las evidencias mostraron que era muy probable que la menor, fue golpeada por un automóvil mientras jugaba afuera del apartamento donde vivía en el condado de Kern.
Vicente fue dejado en libertad en la Cárcel Estatal de San Quintín en el norte de California, el 19 de abril de 2018, después de que los cargos en su contra fueron desechados cuando en el proceso de apelaciones, los fiscales admitieron que la evidencia del forense usada para condenarlo era falsa.
Los doctores que en el juicio dijeron que las heridas de la menor fueron causadas por una violación, afirmaron en el proceso de apelación que no pudo ser asaltada sexualmente, y algunos de ellos expresaron que no les proporcionaron todas las evidencias médicas antes de testificar.
“El caso de Vicente es un milagro viviente porque podrían haberlo matado en cualquier momento si no fuera porque estuvieron apelando su sentencia”, dijo el abogado Salomón.
La demanda entablada en la corte federal de Los Ángeles es por violaciones civiles, evidencias falsas y coerción de testigos. Salomón no reveló el monto de la compensación monetaria que esperan obtener por los daños causados a Vicente con la condena errónea que casi lo lleva a su muerte.
El abogado Ron Kaye dijo que el caso de Vicente, debe ser una llamada de atención para los policías, funcionarios locales y los fiscales de distrito.
“El sistema de justicia criminal debe proteger a toda la sociedad, víctimas de crímenes y de la mala conducta de policías y fiscales”, señaló.
Y enfatizó que hace 27 años, funcionarios del condado de Kern y la ciudad de Delano le robaron la vida a Vicente, y lo condenaron equivocadamente a vivir un infierno en vida mientras le llegaba la hora de su ejecución por el más horrible crimen que pueda existir.
“Con esta demanda, esperamos que tales condenas erróneas basadas en prácticas corruptas nunca vuelvan a ocurrir en el futuro”, sentenció el abogado Kaye.