CIUDAD DE MEXICO, 3 de junio (Agencias).- El juez del caso Lezo acordó ampliar las investigaciones sobre el presunto pago de mordidas a políticos por parte de empleados de OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública. El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre dos sociedades que habrían recibido fondos “presuntamente para financiar el pago de comisiones”. Las pesquisas se extienden a Luxemburgo, Suiza y México en busca de “3.4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana”.
De acuerdo con VozPopuli, la petición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tiene lugar en medio de una investigación en la que se analizan varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014 que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38.6 millones de euros.
El magistrado Manuel García-Castellón ha requerido un “informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL”, así como la certificación registral completa. La intención, según consta en el documento, es “identificar una transferencia de718,648 euros recibida por esa sociedad y realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA“.
La transferencia en cuestión habría tenido lugar en noviembre de 2010, durante el mismo periodo en el que la sociedad con sede en Luxemburgo “recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana, presuntamente para financiar el pago de comisiones”.
Asimismo, el juez ha requerido a la Agencia Tributaria que remita la certificación registral completa de la firma Sistemas Madrileños SL.
Como parte de la instrucción, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para que aporte información en relación con los “expedientes relativos a obras adjudicadas a la entidad Obrascon Huarte Lain SA”. A la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se le ha requerido documentación sobre dos “expedientes relativos a obras que fueron adjudicadas a Sociedad Anónima Trabajos y Obras en asociación con otras empresas”.
A la lista se suman las peticiones a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que tendrá que informar sobre una de las obras adjudicadas a la UTE formada por OHL SA y Sociedad Anónima Trabajos y Obras; y a la Autoridad Portuaria de Almería-Motril, que deberá aportar datos sobre las obras a cargo de la ya mencionada Sociedad Anónima Trabajos y Obras.
El juez también investigará las obras ejecutadas en Melilla, para lo que envía solicitud a la Autoridad Portuaria respectiva; en Andalucía Oriental, por lo que requiere documentación a la entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía SA; y en Canarias, con petición incluida a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno insular.