CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio (SinEmbargo).- Alonso Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, pero posteriormente un juez federal desechó la demanda.
Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, acordó que no se pronunciará sobre el otorgamiento de la suspensión, hasta que el ex funcionario aclare cuándo tuvo noticia de la posible existencia del mandato de captura.
Es por ello que Vargas Alarcón le dio un plazo de 5 días al ex subprocurador, contados a partir del día siguiente de su notificación, para que mediante un escrito aclaratorio manifieste “el día exacto en que tuvo conocimiento de las órdenes de aprehensión y comparecencia”.
El juez además advierte que sólo aceptará ese escrito si es Lira Salas quien lo remite, “dado que la manifestación ‘bajo protesta de decir verdad’ constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda”.
El 28 de noviembre pasado, unos días antes de dejar la subprocuraduría, Lira firmó el no ejercicio de la acción penal con el cual se archivó la investigación por lavado de dinero contra Ricardo Anaya, relacionada con la nave industrial en Querétaro.
El 15 de mayo de este año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció que Lira violó la Constitución al difundir videos y comunicados que dañaron la imagen del candidato presidencial panista, al hacer un uso ilegal de recursos públicos con la intención de incidir en la campaña del 2018.
El TEPJF también determinó turnar este fallo al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de República.
El 13 de diciembre de 2016 el entonces Procurador Raúl Cervantes Andrade nombró a Lira Salas como titular de la SEIDO, quien había sido jefe de la Unidad Antilavado de la misma subprocuraduría.
Antes fue director General Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), institución donde laboró junto con Alberto Elías Beltrán, luego encargado de despacho de la PGR.
Durante los dos años que estuvo al mando de la SEIDO, el ex funcionario fue responsable de judicializar los casos de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, quienes continúan presos.