CHILPANCINGO, Guerrero, 7 de julio (El Sur).- Es como si fuera otoño. Después de que llegan los helicópteros, luego de que rocían aquel químico desde el cielo, cualquier rastro del color verde en las hojas desaparece. Las milpas se secan; el tronco de los árboles de ocote, las hojas del encino. Todo “se quema”, dicen los campesinos.
En respuesta a una solicitud de información hecha por El Sur, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) respondió que de diciembre del 2018 hasta el 5 de junio de este año al menos mil 31 plantíos han sido rociados con el herbicida Paraquat en Guerrero con el propósito de erradicar el cultivo de amapola, en total, “143,408 hectáreas”.
Las operaciones aéreas de fumigación comenzaron el 17 de enero del presente año. Tan sólo ese día se roció este herbicida sobre 95 plantíos: poco más de 12 hectáreas. Y aunque según la base de datos entregada por la SEDENA, el total de sembradíos erradicados este año pertenecen al municipio de Chilpancingo, campesinos de otros municipios han denunciado que el Paraquat –un químicoaltamente tóxico para la salud humana– ha sido rociado en comunidades de la región de la Montaña y no siempre sobre cultivos de amapola o mariguana.
Envenenan alimentos y agua
Semanas después de iniciadas las acciones de erradicación –el 26 de enero de este año–, comisarios y delegados de 21 comunidades del municipio de Acatepec entregaron un escrito al “encargado del 93º Batallón de Infantería” con sede en Tlapa de Comonfort para que pararan las fumigaciones.
Apenas unos días antes habían visto cómo helicópteros del Ejército sobrevolaban Barranca Mina, Agua Fría, Loma de Maguey, Zitacayota y Tierra Colorada para esparcir herbicida. Muchos de los habitantes de la región habían sido beneficiarios con programas gubernamentales del sexenio anterior como el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el documento indicaban que milpas, plantíos de quelites y árboles de aguacate, manzanas, peras, durazno, mango y diversas hortalizas sembradas con apoyos oficiales habían sufrido daños severos por las fumigaciones. Denunciaban que por erradicar la amapola se envenena también su comida y el fruto de su trabajo.
“Pero en las comunidades de la Montaña, y en otras regiones, la gente tiene miedo de denunciar formalmente al Ejército porque se les criminaliza de inmediato”, recalca Rubén Darío Silva, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entrevistado por El Sur en Ciudad de México.
“Por eso en este caso sólo se entregó el acta de denuncia al batallón de Tlapa. No quisieron pasar a más”, añade.
En las dos páginas sueltas se puede apreciar un mosaico de firmas de los comisarios y delegados municipales de las comunidades de Zontecomapa, Lomadad, Tierra Colorada, Loma Panorama, Agua Fría, Laguna Seca, El Capulín, Barranca Dulce, Apetzuca, Zilacayota, Loma Maguey, El Tejocote y Plan Ojo de Agua.
Aunque denuncian las fumigaciones a sus plantíos se limitan a solicitar que sean tomadas en cuenta sus preocupaciones, “toda vez que se ven afectados nuestras siembras de maíz, frijol, calabazas, garbanzos, árboles frutales. Que también pueden ser contaminados los ojos de agua y los ríos de esta zona”.
Nos apoyan con fertilizantes y nos rocían
Guadalupe Ojendís a veces no entiende la lógica en que funcionan las cosas. En el 2017 la Sagarpa envió ingenieros agrónomos a su parcela en la comunidad de San Miguel Cuixapa, municipio de Zapotitlán de Tablas, para estudiar qué tipo de plantas pueden crecer mejor en esa tierra y en ese clima.
Además, gracias a un presupuesto federal se le entregaron 60 plantas de aguacate y 100 árboles de ocote. Y como suele sembrar maíz, recibió siete bultos de fertilizante que todavía en aquel año les entregaban a los campesinos por cada dos hectáreas cultivadas. Sembraba también calabazas. Debido al veneno que cayó del cielo todo eso se secó.
“Yo antes ya lo había visto –recuerda en entrevista con El Sur vía telefónica–. Hace como 10 años habían rociado ya esta zona. Pero lo hacían directamente sobre las amapolas y así había sido: si crecías amapolas sabías que te rociaban. Yo les digo a los militares que esto no está bien, lo que hicieron conmigo: cómo está eso de que el Gobierno nos apoya, que con fertilizantes, que con programas sociales, al mismo tiempo que nos rocían. A nosotros los campesinos”.
El caso de Guadalupe es emblemático en Guerrero. Madre soltera, con cuatro hijos, en una de las regiones más pobres del estado, ella es una de las pocas personas que decidió en su momento, asesorada por Tlachinollan, interponer una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hubo otro señor de Zapotitán de Tablas, un maestro jubilado de Ayotzinapa, que también ingresó queja ante la CNDH y estuvo a punto de demandar”, recuerda Rubén Silva.
“Yo lo acompañé dos veces al cuartel porque los soldados querían hacer todo lo posible para que no se ingresara una denuncia. Le dieron 40 mil pesos en efectivo, una silla de ruedas para su papá y atención médica durante un año. La CNDH determinó que por un acuerdo de reparación y amistoso entre las partes se cerraba la queja”.
“Hace mucho que la CNDH no hace recomendaciones contra el Ejército”, enfatiza el defensor.
La denuncia de Guadalupe ante la PGR fue desechada en mayo del 2018 por falta de pruebas, dado que los peritos del estado no contaban con el instrumental técnico necesario para determinar que el daño en su parcela había sido provocado por el Paraquat.