Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que es crucial que la federación atraiga la investigación de la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas porque temen que el Gobierno estatal vaya a encubrir a los presuntos responsables. “Necesitamos todo el apoyo del Gobierno federal, que no nos quedemos con la versión oficial de Gobierno de Tamaulipas”.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Testigos y familias de las víctimas de la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo , Tamaulipas, se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad porque hasta este momento sigue sin concretarse ningún tipo de medida de protección , ni por parte del Gobierno federal ni estatal, y sería hasta el próximo martes cuando apenas analizarían los mecanismos para su resguardo, de acuerdo con el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL ), Raymundo Ramos Vázquez.
“Me parece que el martes tendremos una reunión en Nuevo Laredo con funcionarios del Gobierno del estado para analizar qué tipo de medidas de protección pudieran darse a las familias y testigos […] Las familias se encuentran muy intimidadas, muy afectadas emocionalmente, muy enojadas. Obviamente no esperaban que el comportamiento de algunos policías estatales fuera peor que el de los criminales”, dijo a SinEmbargo el activista, previo a una inspección en el lugar de los hechos.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo reveló esta semana un video con el que sustenta su denuncia que, el supuesto enfrentamiento registrado el 5 de septiembre entre policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) e integrantes de Cártel del Noreste (CDN), fue un montaje. En las imágenes difundidas por el sitio de Aristegui Noticias , el colectivo asegura que, en seis horas, policías estatales manipularon las evidencias, sembraron armas y modificaron la vestimenta de las ocho víctimas de Valle de Anáhuac.
Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudió este viernes al lugar de los hechos para indagar sobre la denuncia, “estamos trabajando con CNDH, quien están entrevistando a los familiares y a los testigos, y ofrecieron atención psicológica a las víctimas”, comentó en entrevista el activista.
Además, un grupo de peritos inició la revisión a los vehículos involucrados, principalmente a una camioneta Tundra negra, que habría sido trasladada con una grúa desde la calle Francisco I. Madero hasta la Avenida 7 en la colonia referida, frente a la casa de una de las víctimas.
“Ya están haciendo el peritaje para conocer de qué forma ocurrió esta supuesta balacera y este supuesto enfrentamiento”, agregó Ramos Vázquez.
Los elementos que estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial fueron suspendidos de manera temporal, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas. En un comunicado de prensa, la dependencia señaló que la medida “fue con el objetivo de facilitar las investigaciones que determinen las circunstancias en las que sucedieron los hechos”.
El activista indicó que la organización, en representación de las familias de la víctimas y testigos, demanda que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación porque no confían en las medidas, ni en las autoridades estatales de Tamaulipas, agregó Ramos Vázquez.
“Las familias y los testigos están muy desconfiados que la Fiscalía de Tamaulipas vaya a ser una investigación exhaustiva e imparcial que permita dar con los responsables en un plazo muy breve, por eso estamos solicitando a Gobierno federal que ejerzan la facultad de atracción y que pueda ser la Fiscalía federal quien haga la investigación y no la de Tamaulipas”, dijo el defensor de derechos humanos.
SIN DAR LA CARA
Raymundo Ramos lamentó la actuación del Gobierno de Tamaulipas, pues dijo que no han asumido el papel que le corresponde: de dar respuestas contundentes sobre los hechos. “No han dado la cara, ni el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ni el Secretario de Seguridad Pública, ni el Fiscal. Se han dedicado a mandar comunicados de prensa, cuando deberían de estar aquí, en Nuevo Laredo, dándole la cara a las víctimas y dándole la cara a la sociedad”.
Para el defensor hay un interés político detrás del presunto montaje. “No podemos asegurarlo, pero creemos que querían una cobertura mediática favorable para el estado de Tamaulipas, para los operativos que realizan en Nuevo Laredo. […] Sí hay interés, el Señor Cabeza de vaca aspira ser candidato a Presidente de la Republica y su hermano, el senador, Ismael García Cabeza de Vaca, aspira a Gobernar Tamaulipas, y eso sería terrible.
Ramos Vázquez destacó que es crucial que el Gobierno federal tome la investigación.
“Me parece muy acertada la opinión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de que no se permitirán ejecuciones arbitrarias, que no se permite ese tipo de muertes, independientemente de la calidad de persona que tenga víctima. Me parece muy acertada, sin embargo, necesitamos todo el apoyo el gobierno federal para que estos hechos sean investigados a profundidad y conozcamos todos lo que sucedió”, dijo el activista.
Ayer, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la federación ayudaría con la investigación en torno a la muerte violenta de las ocho personas:
“Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos. No se permite. No se permiten ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos. A nadie, a ningún ser humano. Eso no se va a tolerar. Las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe castigar con todo rigor”, respondió el mandatario nacional cuestionado sobre el tema.
Una de las imágenes presentadas con el CDHNL. Foto: Especial
No obstante, López Obrador aprovechó el tema para, nuevamente, lanzarse contra el organismo nacional de derechos humanos: “Ya no vamos a masacrar a la población civil ni a nadie. Eso ya no se va a implementar nunca más, nunca se va a dar una orden en ese sentido. Era una estrategia equivocada y además inhumana, que violaba los derechos humanos. Por eso a veces cuestiono la actitud de Derechos Humanos [CNDH] de manera respetuosa, porque eso ameritaba denuncia fuerte y nunca hicieron nada. La Comisión [Nacional] de Derechos Humanos se hizo de la vista gorda, así como muchas organizaciones de la llamada organización civil y alguna prensa”, dijo.
El pasado 5 de septiembre, elementos de la Policía Especial asignada al Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) abatió a ocho personas en un supuesto enfrentamiento en Valle de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese día, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que presuntamente realizaban un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, cuando se registró el tiroteo.
Días después, el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo denunció que el enfrentamiento, en realidad, fue una ejecución extrajudicial y que el operativo fue sólo un montaje.
Ramos Vázquez recordó que el viernes pasado, un familiar de las víctimas se comunicó con la organización y pidió que acudieran a Valle de Anáhuac para denunciar las anomalías.
“Ahí nos entrevistamos con Cassandra, que es la hija Severiano Treviño –una de las víctimas–, y ella dice que estaba ahí, en la mañana a las 7 u 8, que llegó la policía estatal, allanó el domicilio, los golpeó, y a su papá lo obligó a vestirse de uniforme militar”, relató.
A la joven, describió el activista, “la atacaron por media hora, a golpes y amenazas cuando ella estaba con su bebé de dos años, y que la policía estatal había matado a su papá, me parece que, con un disparo en la cabeza, incluso estando esposado”, insistió el defensor.
Reiteró que ese mismo día en la tarde, familiares de las demás víctimas también los contactaron “nos contaron casi la misma historia: que estaban en su casa, que llegó la policía estatal, que sacó de domicilios, y que luego os hicieron parecer como sicarios”.
El activista explicó que, con base a las denuncias de los civiles, ellos como organización, se dedican a recabar evidencias y videos, mismos que ya revelaron.
“Encontramos varios vídeos que daban cuenta de la hora del paso de un operativo, conformado por policía estatal y de policías del ejército, y finalmente, dimos con el chofer de una grúa de tránsito municipal, al cual, la policía había obligado a mover esta camioneta a cinco kilómetros de distancia, y acomodarla frente al domicilio de Severiano (la primera víctima), para que ellos pudieran justiciar, o informar que se había tratado de una persecución”, detalló el activista.
Tras la denuncia realizada por CDHNL, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas informaron, el 11 de septiembre, sobre la apertura de investigaciones al respecto, aunque la dependencia procuradora de justicia insistió que, según sus datos iniciales, se trató de un enfrentamiento entre los policías estatales y “civiles armados”.
La CNDH detalló, a través de su cuenta de Twitter, que emitieron medidas cautelares para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación de Tamaulipas con la finalidad de evitar actos de represalias contra las personas que han dado su testimonio a medios de comunicación.
Ayer, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal abrió su investigación y ha suspendido a los elementos que participaron en el operativo realizado el día de la balacera. También sugirió que la a la Fiscalía General del Estado (FGE) podría solicitar ayuda al Buró de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) para la indagatoria.
Además, el Ejecutivo estatal aseguró que cumplirán con las medidas cautelares que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para salvaguardar la integridad de las personas que han dado su testimonio sobre el caso.
Raymundo Ramos reiteró que las víctimas claman porque el caso quede en manos de la federación, pues de lo contrario, temen que continúe la manipulación a la investigación.
“Necesitamos todo el apoyo del Gobierno federal […]que no nos quedemos con la versión oficial de Gobierno de Tamaulipas, que ahora sabemos que no solamente mintió, sino que falseó información, y que es muy probable que pretendan cubrir a los policías que participaron y a quienes ordenaron este tipo de operativos”, expresó.
El defensor también ha solicitado una reunión con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para pedir al Gobierno federal que le brinde seguridad a Ramón, chofer y principal testigo; así como a todos los involucrados en la denuncia.
En los primeros siete meses del 2019, en Tamaulipas se registraron 3 mil 297 delitos contra la vida y la integridad corporal.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mismo periodo fueron asesinadas 855 personas en la entidad que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca.
De enero a julio de 2019 se iniciaron en todo el país 17 mil 164 carpetas de investigación por homicidios dolosos, cifra 3.2 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de tiempo del año pasado, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).