México

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre (SinEmbargo/ZETA).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó hoy que inhabilitó, por casi tres años, e impuso una multa por más de un millón de pesos a dos empresas farmacéuticas propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, quien el pasado 12 de julio renunció a su cargo como “súper delegado” del Gobierno Federal en Jalisco.

“La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, máxima instancia administrativa del Gobierno de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha resuelto imponer tanto a Lomedic, S.A de C.V. como a Laboratorios Solfrán una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas empresas por 2 años y 6 meses”, informó la dependencia en un comunicado.

Lomedic y Laboratorios Solfrán son propiedad del ex “super delegado”, quien renunciara renunció a su cargo tras luego de que se diera a conocer una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción revelará en mayo pasado que él estaría detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.

Aseguró que el Jefe del Ejecutivo es su amigo y dijo que espera que termine el “golpeteo” a su Administración.

“El Presidente es mi amigo y sabe que yo estaré ayudando desde cualquier lugar donde decida participar, pero por el momento es conveniente para el Gobierno y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones de la Función Pública y acabar con el continua golpeteo al Gobierno federal”, expuso.

En el documento dado a conocer hoy, la SFP informó que la inhabilitación y la multa fueron impuestas luego de que se determinara que “las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Lomelí Bolaños renunció el pasado 12 de julio como “súper delegado”, luego de ser acusado de conflicto de interés, debido a su vinculación a una red de empresas farmacéuticas que presuntamente han ganado miles de millones de pesos en contratos con administraciones de funcionarios que llegaron a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).