MONTERREY, Nuevo León, 5 de septiembre (SinEmbargo / EFE).- La vieja prisión del Topo Chico, una de las más violentas y tenebrosas de México, cerrará sus puertas en septiembre para convertirse en sede del Archivo Histórico del norteño estado de Nuevo León.
De esta manera, según anunciaron recientemente autoridades estatales, seguirá los pasos de la cárcel de Lecumberri, una prisión de negra historia que funcionó la mayor parte del siglo XX en la Ciudad de México y es desde 1976 Archivo General de la Nación.
El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó en días pasados que el 30 de septiembre la prisión del Topo Chico, protagonista de uno de los motines más sangrientos de la historia de México con 49 muertos en 2016, dejará de albergar reos.
Y desde la semana pasada, autoridades penitenciarias estatales iniciaron traslados de internos de Topo Chico y otros dos penales a centros federales de reclusión en Oaxaca y Chiapas, dos estados del sur de México.
“Se han realizado un total de mil 323 traslados de internos en los Centros de Reinserción Social del estado. Estas acciones forman parte de la estrategia implementada que ha permitido eliminar los autogobiernos de las cárceles estatales”, informó en un comunicado el Gobierno estatal.
González señaló que con la ampliación de los penales de Cadereyta y Apodaca se contará con un total de 10 mil espacios en esas prisiones, “suficientes para dar cabida a los 6 mil 600 internos que conforman la población actual”.
El secretario General de Gobierno especificó que construyendo 350 celdas, la población que pueden albergar “nos lleva a números insospechados”.
Una historia de autogobierno y disturbios
El Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico es una prisión estatal inaugurada en 1943 y debido al crecimiento de la ciudad quedó ubicado en la periferia del primer cuadro de ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.
En los últimos tres años fue escenario de múltiples riñas y en diversas ocasiones los reos se han amotinado para denunciar la complicidad de las autoridades carcelarias con miembros del crimen organizado que controlan el penal.
Una de las masacres dejó 49 fallecidos y se considera la más grave del país cuanto menos de la última década. Ocurrió en febrero del 2016, cuando dos bandos del grupo los Zetas se disputaron el control de Topo Chico.
La riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros puntos del penal.
En el primer motín fallecieron 49 internos y 34 más resultaron heridos, mientras que una segunda reyerta en junio de ese año dejó un saldo de tres muertos y 21 lesionados.
Según un informe publicado ese año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno y la falta de personal en el penal mexicano de Topo Chico llevó a esta trágica situación.
Pero además, la CNDH también detectó privilegios con celdas de lujo equipadas con pantallas e incluso saunas, objetos y sustancias prohibidas, y la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de motines y otros hechos violentos.
En marzo del 2019, una protesta por el traslado de unos 500 presos dejó un muerto y una treintena de heridos.
La lucha de carteles por controlar la cárcel
Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico desde el 2010, pues antes disputaban el control del Cartel del Golfo.
Para mostrar su poder dentro de prisión, el 31 de diciembre del 2010 sicarios sacaron de la prisión a una presa, Gabriela Muñiz Tamez, “La Pelirroja”, y la colgaron en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey debido a que era la novia de un capo del grupo rival, el Cartel del Golfo.
Se estima que el grupo obtenía en la prisión suculentas cantidades de dinero por el cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, según informes oficiales.
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los 1.500 pesos (unos 75 dólares) semanales y hasta 50 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares) mensuales”, aseguró este miércoles Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
La organización comenzó a defender los derechos de los reos desde 1997 y abandonó esa labor en el 2010 debido al peligro que representó para ellos el autogobierno de Los Zetas.
“Estamos de acuerdo de que la cárcel del Topo Chico no tiene condiciones para que los internos vivan con dignidad. Esto es evidente, lo hemos visto desde hace tiempo”, menciono Morales.
Persiste la inseguridad pese a leve mejora
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, la CNDH identificó que el número de homicidios en las cárceles mexicanas bajó de 108 registrados en 2017 a 31 en 2018, un 71,3 por ciento.
Asimismo, se registraron más de 800 riñas y 4 motines, y se documentaron 258 abusos, en su mayoría producidos por autoridades del centro.
En el 34 por ciento de los centros estatales -como el de Topo Chico- persiste la sobrepoblación y en el 44 por ciento el hacinamiento en celdas.
Finalmente, el 50 por ciento de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica.