CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Actualmente ocho funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se encuentran bajo investigación en procesos resarcitorios por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivado de supuestas irregularidades en el manejo de recursos de la institución detectadas desde 2012, reveló el diario Reforma.
En declaraciones hechas al diario, el rector de la Universidad, Alfredo Barrera Baca detalló que las personas involucradas se encuentran dentro y fuera de la institución; sin embargo, aclaró que hasta el momento ninguno de los investigados ha sido motivo de sanción penal o de algún procedimiento de responsabilidad resarcitoria.
Finalmente, la UAEM señaló que hace tres meses solicitó a las autoridades federales información acerca de la situación legal de sus funcionarios, pero no ha obtenido respuesta.
La Universidad Autónoma del Estado de México fue una de las instituciones implicadas en la “Estafa Maestra”, una red de desvío de recursos procedentes de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que eran triangulares a empresas fantasmas a través de contratos con universidades.
El pasado tres de agosto, Reforma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una investigación en contra de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un esquema de desvío de recursos en el que también habría estado involucrado la UAEM.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el medio, la nueva indagatoria presuntamente se centra en un contrato celebrado entre la Sedesol y la Universidad mexiquense, por un monto de 77 millones 847 mil pesos, para realizar encestas entre los beneficiarios de programas sociales.
Supuestamente, dicho convenio solicitaba el levantamiento de seis millones 700 mil 164 encuestas de evaluación a programas de la dependencia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que sólo se realizaron un millón 48 mil 575 encuestas, es decir, alrededor del 15 por ciento del total.