Operan en México más de 20 redes Internacionales de tráfico de personas

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que participa con diversas autoridades en la investigación de más de 20 probables redes de tráfico de personas, las cuales operan en México y podrían tener alcances internacionales.

El INM dijo que estas redes pueden aprovechar la situación de movilidad de los migrantes para cobrarles más de 200 mil pesos por persona a fin de ayudarles en sus traslados.

“Se ha identificado que, además del traslado y resguardo de personas, estas bandas ofrecen hasta cinco intentos para lograr la internación de las personas al país que solicitan”, dijo el INM en un breve comunicado.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, puntualizó que el año pasado las caravanas estuvieron integradas básicamente por familias, al grado que 40 por ciento de todos los contingentes eran menores de edad.

Hoy, comentó, la inmensa mayoría son varones adultos y, entre éstos se detectó un grupo radical que no aceptó ninguna alternativa de empleo o refugio y, en cambio, alentaba a sus compañeros a seguir adelante e incluso enfrentarse a la Guardia Nacional.

Hay que seguir la pista a ese grupo... se está investigando el particular, dijo en entrevista.

“Hay justicia transicional en desarrollo y por supuesto hay que asumir que los instrumentos que hay que desarrollar no solamente competen al Ejecutivo, requieren de manera muy importante la intervención del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República e incluso de las entidades federativas”, sentenció al término de una reunión con integrantes de la Caravana por la Justicia y La Paz, que marchó este domingo a Palacio Nacional.

En su oportunidad, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, en breves declaraciones, reconoció que “la gente muy colaborativa quiere participar en la Paz y en la justicia”.

Sobre las propuestas entregadas por la comisión, Encinas Rodríquez añadió que serán analizadas y otras más ya han sido abordadas por el gobierno federal, toda vez que la prioridad “que nos ha marcado el presidente (Andrés Manuel López Obrador) es atender en el ámbito de la defensa de los derechos humanos la búsqueda de verdad e impartición de justicia”.

“La parte de verdad y justicia es fundamental, desde mi punto de vista, la parte sustancial en la que tenemos que avanzar, es en toda la revisión del sistema de justicia, por eso es tan importante que los jueces los ministerios públicos estén involucrados”, insistió.

México comenzó a enfrentar los primeros flujos migratorios del 2020 hace unas semanas, cuando una caravana migrante proveniente de Honduras llegó a la frontera sur para intentar cruzar nuestro país rumbo a Estados Unidos.

Frente a esta situación las autoridades mexicanas pusieron un freno al trayecto de los migrantes, indicándoles que México no es un país de tránsito, sin embargo, sí podrían quedarse aquí a integrarse a un programa social y trabajar en la frontera sur.

Fue en 2018 cuando se disparó la migración hondureña, al grado de rebasar a Guatemala, el principal grupo de migrantes hasta entonces, presentados ante la autoridad.

En 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el paso de más de 80 mil personas originarias de Honduras, 40 por ciento por encima de los guatemaltecos.

La mayoría no quiere quedarse en México y así lo muestra el número de solicitudes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Durante 2019, de un número general de 179 mil 971 migrantes presentados ante el INM –y, por tanto, impedidos de continuar su ruta hacia Estados Unidos– 30 mil 678 personas originarias de Honduras presentaron solicitud de Refugio.

Sin embargo, acorde con los registros oficiales, no todos dan continuidad a la petición y, en cambio, buscan otras posibilidades para seguir su camino hacia el norte de México, pero ya con el documento de solicitantes de apoyo internacional.

Es por ello que Gobernación y la Comar emitieron un comunicado en el cual advierten que el trámite de refugio no significa un salvoconducto y, por tanto, durante el tiempo que se prolongue el proceso (hasta tres meses) no podrán salir de Chiapas.

Los ciudadanos hondureños están muy por encima del flujo de migrantes de otros centroamericanos, el principal grupo de extranjeros en situación irregular que llegan al país. Igualmente predominan respecto a otros peticionarios de refugio como los ciudadanos de El Salvador, Cuba, Venezuela y Guatemala, en ese orden.