CIUDAD DE MEXICO, 7 de enero (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a por lo menos seis organizaciones de la sociedad civil vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de narcotráfico en Estado Unidos.
“En general todas las organizaciones que recibían recursos, por lo menos son seis que están vinculadas, pero estamos revisando si sí o no (tenían relación con García Luna)”, dijo Santiago Nieto a Notimex al ser cuestionado sobre si la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, estaba siendo investigada.
El funcionario precisó que la UIF recaba toda información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no detalló cuáles son las seis organizaciones ligadas a García Luna que están siendo investigadas.
“Seguimos en el proceso de investigación, estamos recabando información de la Comisión Bancaria y de Valores y en cuanto tengamos toda la información se va a presentar”, explicó.
Santiago Nieto confirmó también que se indaga a la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa del ex Presidente Vicente Fox:
“En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”.
“En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”, refirió Nieto y agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la ex primera dama.
En el 2002 el gobierno de Vicente Fox y Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana, firmaron un convenio para invertir en la Universidad de Artes y Oficios en Michoacán, que sería manejada por los Legionarios de Cristo.
Además, se sabe de la cercanía entre Marcial Maciel Degollado, fundador de la organización religiosa y señalado de pederastia, y la familia de Marta Sahagún.
Aunque el titular de la UIF no dio nombres de las seis organizaciones investigadas, notas periodísticas refieren que por lo menos dos: Causa en Común, de María Elena Morera, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, fueron cercanas a García Luna en el sexenio de Calderón, debido a los temas de seguridad que manejan estas asociaciones.
El 8 marzo de 2007, cuando Genaro García Luna presentó la estrategia contra las organizaciones criminales ante Felipe Calderón Hinojosa, lo acompañaron los presidentes de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Medina de la Cruz (del PRI) y Ulises Ramírez Núñez (del PAN); el Gobernador de Sonora y empresario Eduardo Bours; y la presidenta de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera.
En enero de 2009, el diario La Jornada reportó que la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de García Luna, entregó a México Unido contra la Delincuencia un total de 4 millones 256 mil 916 pesos en donativos.
Cuatro años después, en enero de 2013, el diario Reporte Índigo, documentó que la organización que presidía María Elena Morera fue la única beneficiaría de la Iniciativa Mérida, un programa bilateral entre Estados Unidos y México.
El diario reportó que en el documento “Entregas Principales de la Iniciativa Mérida durante el 2011”, de la Embajada de Estados Unidos en México, se especifica el apoyo a la organización:
“México Unido Contra la Delincuencia, ONG con sede en la Ciudad de México, lanzó en 2011 un programa integral de Cultura de la Legalidad que se centra en la educación escolar, la atención vía Internet y otros medios, programas de capacitación para instituciones públicas y privadas y un programa de vigilancia ciudadana para mejorar el proceso de denuncia de delitos.
“Los trabajos de cerca de dos años y 2 millones de dólares reciben el apoyo de Iniciativa Mérida, que continuará durante el 2012”, publicó Reporte Índigo en un reportaje firmado por Armando Estrop.
El mismo diario señaló en el año 2008 que el hijo de Morera se desempeñaba como asesor de Genaro García Luna. Sin embargo, la dependencia en su respuesta lo desmintió.
Otra organización que, de acuerdo a investigaciones periodísticas fue cercana a García Luna, es Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace.
Miranda de Wallace empezó a verse cercana al poder durante la administración de Calderón. Una de sus principales detractoras es la periodista Anabel Hernández, quien en su libro “México en Llamas” la califica como una “comparsa incondicional que saboteó diversos movimientos sociales”.
De acuerdo con Hernández Calderón y Genaro García Luna la cobijaron a cambio de inmiscuirse en el movimientos como el de Alejando Martí, en 2008, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia Zardain, en 2011.
En 2012 el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designó a Wallace como su candidata y no a través de un proceso abierto como se había acordado. En ese momento había varias apuestas en la mesa: Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda. El partido argumentó que buscaba darle un rostro ciudadano a la candidatura que competiría contra Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Romero Deschamps
El gobierno del presidente López Obrador trabaja con agencias estadunidenses en torno a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
La información fue revelada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en la conferencia presidencial de este martes.
Aunque no precisó con qué agencias se está trabajando, el funcionario confirmó la existencia de dos denuncias contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, las cuales incluyen a familiares y colaboradores.
Nieto, quien fuera titular de la FEPADE en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también dijo que ya se solicitó a la FGR el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles del exdirigente petrolero.
Agregó que también se dio vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de que investigue presuntas irregularidades administrativas que estarían en el ámbito de su competencia.