México

CIUDAD DE MEXICO, 13 de febrero (SinEmbargo).- La detención de Emilio Lozoya Austin es un reto para el actual Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR), “porque demostrarán si optarán por la denuncia pública o por ir hasta el fondo y fincar responsabilidades, incluso al expresidente Enrique Peña Nieto”, dijo en entrevista con SinEmbargo el politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Toussaint.

El caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es particularmente complejo por tratarse de un suceso que no empieza y termina con un funcionario público, sino que depende de toda una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo Federal, y donde es relevante la actuación de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Está toda la red. Cuando la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] o cualquier organismo quiere encontrar verdaderamente a los culpables de la corrupción, tiene que meterse a toda la trama, hasta adentro y explicarnos cuál es la arquitectura que permite ese tipo de casos”, explicó Toussaint a este diario digital.

Para el analista político, los casos de corrupción relacionados con Lozoya van más allá de los presuntos sobornos y aportaciones a campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. Se trata de un caso que también destapa la relación de intereses políticos y económicos, o entre funcionarios y empresarios. Ejemplo de ello son las dos reuniones “antes de asumir la Presidencia” de la República entre Enrique Peña Nieto y Marcelo Oderbrecht, hijo del fundador de la empresa que lleva su apellido.

Lozoya no podía hacer acuerdos con empresas como Odebrecht, Altos Hornos de México (AHMSA) y el Astillero Barreras sin el permiso del Presidente o la noción del Secretario de Hacienda, ya que “Lozoya dependía de Videgaray y él de Peña Nieto. Ahí está el camino”, agregó Toussaint.

Priistas

Sin embargo, la relación entre Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto va más allá de la estructura de gobierno del Estado Mexicano.

Videgaray y Lozoya se conocieron en 1998 a través de Protego Asesores, que es un fondo de inversión del ex Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, quien fuera mentor de ambos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de acuerdo con la morenista Luisa María Alcalde Luján (sesión ordinaria 11/09/2013 LXII Legislatura).

Entre 2005 y 2009, Videgaray contactó a Lozoya con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Por esas fechas Lozoya, en calidad de director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, representó una oportunidad para impulsar el nivel de financiamiento del Estado de México, en un contexto en que Peña Nieto buscaba utilizar la plataforma del Foro para impulsar internacionalmente a la entidad que gobernaba.

A partir de entonces, Lozoya, Videgaray y Peña comenzaron una relación amistosa y profesional que se extendería por años. Inclusive a mediados del año pasado, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, reconoció que había una relación de amistad entre Peña y Lozoya. En entrevista con Contralínea, Coello refirió que “había lealtades” entre ambos.

La relación laboral entre Peña y Lozoya no se detuvo allí.

El 4 septiembre de 2012, el presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a los integrantes de su equipo de transición y Lozoya, como vicecoordinador de Asuntos Internacionales, formó parte de la élite que contribuiría “al desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que le permitan al próximo Gobierno de la República cumplir, a cabalidad, con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana”.

Casi tres meses después de aquel nombramiento, el 30 de noviembre de 2012, Lozoya fue nombrado por Peña como el nuevo director general de Pemex.

Caminos de corrupción

En la actualidad existen cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya Austin, de acuerdo con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lozoya es investigado por “algún tema de defraudación fiscal” y en específico, por los casos de la constructora brasileña Odbrecht, la compra de la planta Agronitrogenados a AHMSA y la adquisición de un astillero en España.

En todos estos casos, Videgaray y Lozoya tienen responsabilidades atribuibles, el primero en calidad de integrante del Consejo de Administración de Pemex como Secretario de Hacienda, y el segundo en calidad de titular de la Empresa Productiva del Estado.

La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.

El Artículo 13 plantea que el Consejo es “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones en que incurran”.

Pese a que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo 35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo.

Más allá de las responsabilidades imputables por ley y estructura de gobierno, el caso de Lozoya es un duelo entre la verdadera impartición de justicia en México y la simulación de resultados.