El empresario mexicano Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Altos Hornos de México conocido como "el rey del acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de"un país que no tiene leyes", y acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado la vista de extradición que pesa sobre él desde que fue detenido en Palma de Mallorca el año pasado. México le reclama en relación a un presunto delito de blanqueo de capitales sobre la base de una serie de transferencias que habría realizado a una sociedad vinculada con el ex director general de la petrolera estatal mexicana Emilio Lozoya quien permanece en prisión a la espera de que se resuelva también su extradición.
El empresario mexicano dice que son acusaciones falsas, no quiere ser extraditado porque es "un daño colateral” de la batalla del actual presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, contra la administración anterior de Enrique Peña Nieto.
"El señor presidente es un mitómano del tamaño de Hitler, no está cuerdo", afirmo.
También acusó a México de realizar "una demanda al azar sin una base sólida legal" que causó un "daño" a su empresa, que está "a punto de irse a la bancarrota".
En cuanto a la posibilidad de que se trate de una persecución política por la animadversión del actual presidente mexicano hacia personas cercanas al anterior gobierno, el fiscal ha señalado que pudiera ser también que el abandono del poder de Enrique Peña Nieto en 2018 haya actuado como "botella de cava" que al abrirse posibilita que afloren y se conozcan delitos que el elemento político impedía. Y ha añadido a esto que la argumentación sobre la politización del proceso de extradición "se debe demostrar con hechos y no con palabras".
La investigación a Ancira comenzó por una denuncia de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a Pemex, quien en ese momento estaba dirigido por Lozoya.
Por su parte, la defensa ha apuntado en sus alegaciones que se ha dado un caso de abuso al emitir la orden de detención en 2019 cuando Ancira estaba en Palma pasando unos días de descanso.
Asimismo, se preguntan cómo hechos cometidos presuntamente en 2012 se empiezan a perseguir en 2019 sin dar una razón justificada para ese retraso.
Ancira pagó en julio de 2019 la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba la petición de extradición emitida desde su país.
Con información de Agencias
Por Redacción Digital Por Esto!