COLIMA, Col., 17 de junio (apro).- El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa, Verónica Barajas, se suma a los cerca de cuatro mil homicidios dolosos cometidos en esta pequeña entidad durante la última década, pero también forma parte de más de una docena de crímenes de alto impacto ocurridos durante ese periodo.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), más de 75 % de los homicidios dolosos registrados en la reciente década fueron cometidos en los últimos cuatro años, en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez.
Entre los personajes que han sido víctimas de la violencia en el lapso de 2010 a 2020, destacan el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, servidores públicos del gobierno federal, estatal y ayuntamientos, del Congreso del Estado, así como jefes policiacos y familiares directos de altos funcionarios del Poder Judicial en Colima.
Cavazos Ceballos fue asesinado el 21 de noviembre de 2010, un año después de haber dejado el cargo, un hecho cuya autoría intelectual fue atribuida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al presunto capo de La Familia Michoacana Gerardo Mendoza Chávez, quien a su vez fue asesinado en mayo de 2018 en el penal de Puente Grande, Jalisco, cuatro días después de haber sido detenido.
En febrero de 2011 fue secuestrado Saúl Adame Barreto, exsecretario de Salud y coordinador de asesores del entonces gobernador, Mario Anguiano Moreno, cuyo cuerpo fue encontrado semanas después en una fosa clandestina en el estado de Jalisco.
El exgobernador Fernando Moreno Peña sufrió en octubre de 2015 un atentado, al que sobrevivió tras recibir cuatro disparos mientras desayunaba en un restaurante.
En julio de 2016 fue asesinado a balazos Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y hermano del exgobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien a su vez había muerto en 2005 al desplomarse el avión del gobierno estatal cuando se dirigía del aeropuerto de Toluca al de Colima.
El director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), Daniel Cortés Carrillo, fue asesinado en agosto de 2017, mientras que en octubre de ese mismo año murió acribillado cuando viajaba en carretera el entonces presidente municipal de Ixtlahuacán.
Dos semanas después, fue ejecutado Christian Montero Ibarra, exdirector de Tránsito de del municipio de Manzanillo, quien previamente, en 2014, había sufrido un atentado; en febrero de 2018 fue privado de la vida Martín Cázares Zárate, regidor de Tecomán; y en agosto de ese mismo año fue ultimado Rosalío González Cortez, regidor electo de Armería.
En este mismo municipio, en noviembre de 2018, fueron asesinados la directora de Seguridad Pública, Mayra Janeth Gálvez, y el subdirector de la misma dependencia, Eliseo Victorino.
En el último año, fueron ejecutados el abogado Rogelio Rodríguez Alcaraz y el empresario Gabriel Macías Becerril, el primero de ellos hermano de René Rodríguez Alcaraz, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; y el segundo hermano de Carlos Alberto Macías Becerril, exmagistrado del mismo órgano judicial.
La actual presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, sufrió en 2019 un atentado del que logró salir con vida.
El 28 de abril pasado fue secuestrada en el municipio de Ixtlahuacán la diputada morenista Francis Anel Bueno Sánchez, cuyo cuerpo apareció el 1 de junio siguiente en el interior de una fosa clandestina.
El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa ocurrió la mañana de este martes 16 en su domicilio particular, en la colonia Real Vista Hermosa, al norte de la capital del estado.
Tras conocerse el suceso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exigió el total esclarecimiento y anunció la revisión de las medidas de seguridad para juezas y jueces federales del país.