Se acabó la fiesta

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio (El Universal/Sin Embargo).- Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó el primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras que, al emitir facturas falsas en operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.

Anunció además que se presentarán siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito, por lo que “se acabó la fiesta y todos debemos pagar impuestos”.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informó que estas denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparlo con delincuencia organizada.

En Palacio Nacional, Raquel Buenrostro señaló que, en este primer paquete de denuncias, estas empresas factureras se relacionan entre sí, debido a que comparten representantes legales y accionistas, y el grueso de las operaciones facturadas fue a través de “servicios”.

Raquel Buenrostro informó que fueron alrededor de 8 mil contribuyentes que contrataron a estas empresas factureras y a quienes se les enviará una carta a través del buzón tributario o notificación personal a cada contribuyente que utilizó estos esquemas por lo que se buscará que se regularicen.

En este sentido, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, indicó que en un plazo no mayor a tres meses también formulará querellas contra los beneficiarios que muestren una falta de interés en regularizarse.

“Vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y, sobre todo, es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. El día de hoy se estarán presentado siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar, uno que es la defraudación fiscal, y otro que es ‘lavado’ de dinero”, señaló Romero Aranda.

Informó que la defraudación fiscal tiene una pena de hasta nueve años de prisión y el de la delincuencia organizada es de una pena de hasta 16 años y el decomiso de bienes.

“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir hacia delante, todos debemos pagar impuestos”, dijo.

Por otra parte, Romero Aranda destacó que el Gobierno es consciente de que empresarios involucrados pudieron haber participado en este esquema sin saber que se trataba de un acto ilegal, por lo que el SAT les invitará a regularizar su situación.

La Procuraduría Fiscal atacará, en primer lugar, a las empresas que venden las facturas y a quienes constituyen las empresas, que son en conjunto el grupo criminal.

Para evitar ser apercibido por la Procuraduría, se debe atender el requerimiento o exhorto que será enviado a los contribuyentes. Se hará “pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas”.

El llamado también se hará para quienes no saben que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras.

A partir de ello, se les dará un plazo de tres meses para que cumplan y se regularicen con los pagos.

Si en ese lapso no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra con quien compró las facturas, quien se benefició, o quien recibió el dinero por asimilable a salario, porque en tal caso se presumirá que hubo contubernio.