La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de programación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y excolaborador de Rosario Robles, implicado en la llamada “Estafa Maestra”.
Además de la inhabilitación como servidor público, Báez deberá pagar 158 millones 662 mil pesos, un monto que corresponde a unos recursos que pidió de forma irregular para el programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Noticia destacada
Familiares de Rosario Robles alistan movilizaciones para pedir su liberación inmediata
El Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu emprendió investigaciones en contra del aludido, como resultado de una observación del órgano auditor superior, sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades por las cuales se determinó imponer la sanción en 2018.
Esto, tras acreditar que en 2015, el entonces directivo omitió cumplir con sus responsabilidades como encargado de la Dirección General de Programación y Presupuestación al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo
La sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que el exservidor público había interpuesto. Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.
“Con este tipo de acciones de defensa de la legalidad, la SFP busca inhibir las conductas que pudieran representar riesgos de corrupción, combatir la impunidad, resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario y prevenir un mal ejercicio de la función pública”, expuso la dependencia.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
AR