La Secretaría de la Función Pública impuso una de las multas resarcitorias más altas en la historia reciente, al sancionar a una ex servidora pública que provocó un daño al patrimonio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) por más de 110 millones de pesos, al no cumplir con las obligaciones de su encargo.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros expuso que ha solicitado a los Órganos Internos de Control (OIC) que “fiscalicen a cabalidad los recursos públicos, y si encuentran alguna irregularidad, sancionen como mandata la ley. Con ese compromiso inhibimos las malas prácticas que a costa de mecanismos opacos provocaron en el pasado un deficiente servicio público y dañaron a las instituciones”.
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La persona sancionada, durante su desempeño como subgerente de Obligaciones Fiscales en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., entre 2015 y 2016, fue responsable de pagar de manera extemporánea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por la Tarifa de Uso de Aeropuertos que cobra el AICM a todos los pasajeros y cuyos recursos se gestionaban a través de un fideicomiso. Esto, a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se debía cumplir con dicha obligación fiscal.
El pago fuera de tiempo generó actualizaciones y recargos que significaron un daño al patrimonio del AICM por arriba de los 100 millones de pesos. Por tal motivo, tras un detallado procedimiento de responsabilidades administrativas, el OIC en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., determinó imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y una multa resarcitoria por 110 millones 323 mil 810 pesos.
Las irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría, a la que la presente administración dio seguimiento e impulsó su seguimiento, lo que llevó a sancionar las faltas administrativas cometidas.
La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró que “para la actual Función Pública la fiscalización es un elemento esencial para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las irregularidades, por lo cual representa un verdadero ejercicio integral que contribuye al mejoramiento de la gestión pública y de la vida diaria del pueblo”.
Con información de La Jornada
GCS