Esta tarde, el Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual contempla crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con la que se obligará a los millones de dueños de teléfonos celulares en todo el país a registrar datos biométricos.
Con 54 votos a favor, 49 en contra y diez abstenciones, el Senado aprobó en lo general la reforma que obliga a cualquier persona que posea un teléfono celular, a registrar sus datos biométricos, tales como la huella dactilar y facial y el iris de los ojos, características únicas de cada individuo, las cuales suelen usarse como método de identificación en aplicaciones móviles de algunos bancos.
Lucía Meza, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, puntualizó que la medida busca reducir los altos índices del delito de secuestro y extorsión que actualmente existen, los cuales se cometen con teléfonos móviles.
En caso de que alguien no se registre en el padrón o lo haga de manera extemporánea, se hará acreedor de una sanción que contempla la cancelación definitiva de la línea y de una multa de 89 mil 692 pesos.
Por su parte, la totalidad de los senadores de la oposición no solo votó en contra, sino que también aseguró que acudiría a la Suprema Corte para impugnar la ley, la cual consideraron como autoritaria.
Las reacciones en contra
En redes sociales, ha iniciado un fuerte debate respecto a la aprobación de esta reforma, pues muchos usuarios acusan que se trata de una medida que podría desembocar en “persecución y espionaje".
Con el hashtag #NoAlPadrón, la organización Article 19 ha acusado a la iniciativa de suponer un enorme riesgo para la protección de la identidad biométrica, debido a incidentes previos donde se ha filtrado esta información, además de que asegura que no será efectiva para prevenir el crimen.
Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también se posicionó en contra, pues aseguró que los datos personales de las personas no contarían con la protección debida, además de que generaría situaciones de riesgo para los usuarios de telefonía móvil con consecuencias penales.
JMCG