Esta madrugada se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados el dictamen a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se incluye el artículo 13 transitorio que amplía por dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de realizarse un debate de más de 5 horas, que dio inicio a las 11 de la noche, a las 4:24 de la mañana de este viernes, los 260 votos de Morena, el Partido Verde y PT se impusieron a los 167 en contra del PAN, PRI, PRD y PES y a dos abstenciones, por lo que el dictamen se avaló en lo general, en donde se expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
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A través de esta aprobación, Arturo Zaldívar, quien debería dejar el cargo en 2022 según la Constitución, concluirá su presidencia en la Suprema Corte hasta el año 2024, coincidiendo así con el último año de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, en su turno al micrófono, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, argumentó en contra de las reformas por espacio de hora y media, no registró su voto, al igual que Lorena Villavicencio, quien también rechazó los términos del dictamen, ambos de Morena. El morenista Pablo Gómez votó a favor, pese a que en días previos adelantó que la ampliación de la presidencia de la SCJN “no transitaría” aun cuando fuese aprobada.
El diputado de Morena, Alfredo Rivas Aispuro, defendió que la propuesta de nueva Ley Orgánica contiene mecanismos enfocados a combatir el nepotismo en el proceso de designación de jueces, juezas y magistrados y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial.
En su turno al micrófono, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, fue quien acusó de que esta reforma se trata de una "tiranía constitucional" y que su grupo parlamentario advirtió, desde la reforma Constitucional, la tentación de una operación de estado para fundir probablemente al Poder Judicial “a los designios del presidente de la República”.
“Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse o está con México y la Constitución o está con el presidente, se tiene que desligar por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional”, dijo.
En defensa del dictamen, María Del Carmen Almeida Navarro, diputada por Morena, aseguró que es imperante adoptar las medidas que garanticen el respeto a la ley, ya que en México el Estado de Derecho permanecía como una deuda para el pueblo al ser obstruida en el pasado, dijo, por una “minoría rapaz”.
Mando de Arturo Zaldívar es "inconstitucional"
Organizaciones sociales, activistas, académicos, fundaciones y ciudadanos han rechazado la reforma que amplía el periodo de mando Arturo Zaldívar, la cual calificaron como “inconstitucional“.
En una misiva, más de 80 firmantes habían solicitado a la Cámara de Diputados a corregir la minuta para impedir que “se consume este grave atentado contra la independencia judicial en el país”.
Las instituciones, al igual que los diputados de oposición, consideraron que la ampliación de la gestión de Arturo Zaldívar podría llevar a afectaciones en el ejercicio independiente de las facultades de la Corte, así como nombrar, trasladar, sancionar y remover a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC adelantaron que analizarán las opciones legales correspondientes para impugnar la ampliación del periodo de la presidencia de la Corte. Los recursos tendrían que presentarlos ante la misma SCJN.
Otras adecuaciones
La minuta recibida el pasado martes deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021, en donde se expresan una serie de leyes integrales que buscan establecer sanciones para jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo, acoso sexual o corrupción.
Contempla desde el retiro del cargo hasta la inhabilitación y la obligatoriedad de reponer el doble del monto que un juez haya obtenido al incurrir en faltas administrativas graves.
Se agregan multas que serán aplicables para empresas que “hayan obtenido beneficios” a través del Poder Judicial de la Federación.
Entre los castigos se contempla la restricción para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años. En casos considerados como graves, se podría privar a las compañías de sus actividades comerciales, económicas y contractuales o en su caso, también aplicar la disolución de la sociedad respectiva.
El conjunto de leyes secundarias y reformas al Poder Judicial de la Federación será remitido al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pese a todo lo dado a conocer, los diputados se reservaron más de 550 artículos por lo que la discusión en la Cámara de baja sigue su curso.
Con información de Aristegui Noticias
SY