La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hecha al gobernador Cuitláhuac García, en torno a la violación de derechos humanos cometidos por servidores públicos en agravio de seis jóvenes en Veracruz.
Lo anterior, por la detención arbitraria y la imputación indebida de quienes fueron privados de su libertad y acusados del delito de ultrajes a la autoridad.
En ese sentido, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 el pasado 30 de diciembre, sobre violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los seis jóvenes, ya que el 19 de noviembre el senador Ricardo Monreal denunció el caso y afirmó que en Veracruz el nuevo delito inconstitucional de ultrajes a la autoridad estaba de moda, hecho que ha permitido la integración de carpetas de investigación con las cuales se ha privado de su libertad a personas.
Por su parte, la fiscalía estatal reconoció “las irregularidades señaladas", mismas que han tenido amplia difusión y el rechazo unánime de distintos sectores del país.
Por ello, se comprometió a dar cumplimiento “en su totalidad” a la recomendación de la CNDH, la cual establece que se denuncie ante la misma FGEV para que se proceda penalmente contra los responsables de los hechos violatorios a los seis jóvenes y que se reparen los daños a las víctimas.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió la derogación del delito de ultrajes a la autoridad para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos, como lo había solicitado días antes el senador Ricardo Monreal, quien envió un exhorto al Congreso de Veracruz para que derogue el artículo 331 del Código Penal que establece el tipo penal que es inconstitucional porque afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas, pues los conceptos “amenaza” y “agresión” son amplios y carecen de una definición específica, por lo que generan falta de certeza en cuanto a las acciones que se consideran penalmente reprochables y llevan a las autoridades a una interpretación y aplicación arbitraria.
Cabe mencionar que los seis jóvenes detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad fueron liberados el 19 de diciembre por orden del juez segundo de distrito, Alejandro Quijano, hecho que celebraron diversos sectores de la vida política, entre ellos Ricardo Monreal.
En su recomendación, la institución defensora precisó que en el caso de los jóvenes se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la Fiscalía General del Estado, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que "no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad.”
Por otra parte, la CNDH también indaga el caso José Manuel del Río Virgen, detenido el 22 de diciembre y vinculado a proceso en Veracruz por el presunto homicidio del candidato del municipio de Cazones de Herrera.
El delito de ultrajes se ha empleado por diversas autoridades estatales para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general, así lo han denunciado varios organismos defensores de los Derechos Humanos y sectores de la sociedad.
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JAL