El Gobierno de México ha dado puntual seguimiento a los acontecimientos recientes en Israel y Palestina y condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamás y otras organizaciones palestinas en Gaza.
Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, lo que demanda la plena cooperación de todos los Estados para prevenirlos y sancionarlos. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo.
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México reconoce el derecho a la legitima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional. Asimismo, condena el uso de la fuerza, independientemente de quien provenga, principalmente cuando los objetivos han sido civiles, en franca violación al derecho internacional humanitario.
México observa con máxima preocupación la escalada de violencia que ese hecho ha suscitado entre Israel y Palestina y que ha tenido como consecuencia el lamentable fallecimiento de cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños, la toma de rehenes y un alto número de heridos. El Gobierno de México expresa su más amplia solidaridad con las víctimas y sus familias y hace un firme llamado para permitir el suministro, sin obstáculo alguno, de la asistencia humanitaria.
Estos lamentables acontecimientos deben servir para recordar, una vez más, la urgencia de reanudar las negociaciones que permitan alcanzar una solución de fondo al conflicto en la región.
La posición de México es clara. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto, bajo la premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
La responsabilidad ineludible de reanudar el proceso de paz recae sin duda en las partes en conflicto. Corresponde, sin embargo, a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas auspiciar un proceso político encaminado a promover una paz justa y sostenible en la región.
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