Luego de que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara suspender todos los artículos impugnados del Plan B de la Reforma Electoral por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Delgado, calificó la decisión como “irregular y contraria a la ley, pues tratándose de controversias, como es este caso, no procede la suspensión contra normas generales”.
El presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que “La decisión del ministro Javier Laynez Potisek es ilegal y parcial, está tomando una decisión unilateral, con consignas que favorecen a los grupos conservadores y sin respetar la investidura que representa porque fue una decisión que tomó contraria a Derecho”.
Delgado precisó que la determinación que dicta suspender la aplicación del Plan B es contraria a la ley, el político argumentó que esta suspensión "no procede en controversias constitucionales contra normas generales. Aquí el INE está impugnando una norma general, y por tanto es contrario a la ley”.
El presidente nacional de Morena también acusó que el ministro instructor, de oficio o a petición, tiene la capacidad de otorgar una suspensión antes de que se dicte sentencia, pero que dicha suspensión no podría otorgarse en los casos en que "la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales", como es el caso del Plan B.
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Por lo anterior, Javier Laynez habría incurrido en una falta, que de acuerdo con Mario Delgado, hace dudar de la imparcialidad del ministro, “Es una determinación de uno de los 11 ministros, no del Pleno de la Corte, y respaldaremos las decisiones que sabemos tomarán el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión para impugnar esta medida arbitraria e ilegal, y esperamos que con autonomía sea el Pleno de la Suprema Corte el que se pronuncie por la legalidad y revoque esta suspensión porque dicha reforma no viola de ninguna manera la Constitución”, añadió.
Finalmente, el presidente nacional de Morena, aseguró que la Reforma Electoral "busca asegurar la austeridad de los órganos electorales, su eficiencia e independencia; además, otorga mayores castigos en el tema de la compra de votos y el combate a otras viejas prácticas políticas- electorales”.
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