La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma en materia de “supremacía constitucional” este lunes, y el documento fue enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión en el Pleno. Se prevé que el tema se debata este martes en sesión ordinaria.
La propuesta busca incorporar adiciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, con el objetivo de restringir la posibilidad de presentar amparos y controversias constitucionales en contra de reformas a la Carta Magna. De aprobarse en el Pleno, los cambios establecerían la improcedencia de cualquier acción legal contra modificaciones constitucionales, blindándolas de manera definitiva ante impugnaciones jurídicas.
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Este enfoque ha generado un intenso debate entre legisladores. Durante la sesión de la Comisión, varios diputados de oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron la prisa de Morena, partido mayoritario, para aprobar la reforma. Argumentaron que la “urgencia” responde a un intento de proteger ciertas modificaciones constitucionales de futuras revisiones o impugnaciones por parte del Poder Judicial.
La bancada de Morena, por su parte, defendió la propuesta argumentando que el objetivo es fortalecer la estabilidad del marco constitucional, evitando que reformas clave para la administración pública y el país puedan ser revertidas fácilmente en tribunales. Además, el bloque oficialista considera que estas modificaciones brindarán mayor certidumbre jurídica al evitar la posibilidad de controversias legales que obstaculicen la implementación de reformas.
De ser aprobada en el Pleno, la reforma a los artículos 105 y 107 representaría un cambio en el sistema de revisión judicial que actualmente permite que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como otras instancias del Poder Judicial revisen y, en algunos casos, frenen cambios constitucionales.
Se espera que la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados atraiga un amplio debate, donde ambas posturas expondrán los impactos que esta reforma podría tener en el balance de poderes y en la posibilidad de que la ciudadanía y el sector judicial cuestionen los cambios a la Constitución.
IO