Este miércoles 2 de octubre, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio un paso significativo al reconocer oficialmente la Matanza de Tlatelolco como un crimen de lesa humanidad. El "Acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad" fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando un momento clave en el proceso de justicia y memoria histórica en el país.
Reconocimiento de responsabilidad del Estado
En el Acuerdo firmado por Sheinbaum, se señala como único responsable de la masacre al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, en su quinto informe de gobierno, asumió la responsabilidad total por las decisiones del gobierno federal respecto a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Díaz Ordaz reconoció haber ordenado la represión contra el movimiento estudiantil.
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El Acuerdo también instruye a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer una disculpa pública en nombre del Estado mexicano a las víctimas, sus familiares y la sociedad, lo cual realizpó durante la primera "Conferencia mañanera del pueblo" que encabezó la presidenta Sheinbaum. Este reconocimiento no solo es un acto simbólico, sino también un compromiso del gobierno por garantizar que atrocidades similares no vuelvan a ocurrir.
Compromiso de no repetición
Como parte de las medidas establecidas en el Acuerdo, la presidenta Sheinbaum, en su papel de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, se comprometió a girar órdenes formales para que las estructuras militares no sean usadas contra el pueblo. Además, aseguró que se fortalecerá la formación en derechos humanos y la construcción de la paz.
La masacre de Tlatelolco fue descrita como una acción cruel, fríamente concebida, que tuvo como objetivo reprimir a un grupo estudiantil que exigía derechos fundamentales, como la libertad de expresión y reunión. A través del uso desmedido de la fuerza estatal, el gobierno de ese entonces buscó eliminar cualquier forma de disidencia social.
Memoria histórica y justicia
El documento publicado en el DOF reconoce que la Matanza de 1968 fue parte de una estrategia represiva sistemática que el gobierno autoritario de las décadas de 1960 a 1980 aplicó contra disidencias políticas. Además, se destaca la lucha de líderes estudiantiles como Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, quienes lograron que la masacre fuera clasificada como un crimen de lesa humanidad.
Con este acuerdo, el Gobierno de México reafirma su compromiso de preservar la memoria histórica, impulsar la justicia y garantizar que estos hechos no se repitan.
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