La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de ajustes presupuestarios para garantizar la organización de la elección judicial del 1 de junio de 2025, tras enfrentar el mayor recorte en su historia.
La bolsa de más de 6 mil millones de pesos destinada a este proceso será financiada mediante la reducción de gastos en viáticos, papelería y renovación de vehículos, entre otros rubros.
Ajustes y prioridades
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que, aunque el ajuste fue complicado, el INE mantiene su compromiso de cumplir con sus atribuciones constitucionales.
“Cada paso en este reajuste fue construido de la mano de las áreas involucradas, priorizando la calidad de los procesos electorales”, afirmó.
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El INE insiste en solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda durante los primeros días de enero, con el objetivo de asegurar una ejecución más holgada de sus actividades.
Sin embargo, Taddei garantizó que, independientemente de la respuesta gubernamental, la elección judicial se llevará a cabo con los más altos estándares de certeza y legalidad.
Reorganización estratégica
Amaranta Arroyo, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, explicó que los ajustes al presupuesto se centran en operaciones no sustantivas para no comprometer las actividades esenciales del instituto. Entre las medidas tomadas se incluyen:
- Reducción en papelería, combustibles, viáticos y gastos de alimentación.
- Posposición de la renovación del parque vehicular.
- Eficiencia en infraestructura tecnológica.
El objetivo principal es garantizar la operatividad del instituto sin afectar los derechos laborales ni la calidad del proceso electoral.
Compromiso del INE
La elección judicial 2025 será una tarea compleja, pues el INE también deberá atender procesos locales en Durango y Veracruz, además de cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales.
Este desafío, según Arroyo, reafirma la capacidad del instituto para adaptarse a la austeridad sin comprometer sus metas constitucionales.
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