En una movida que subraya la dinámica de poder y la estructura legal dentro del estado de Guerrero, la Secretaría General de Gobierno anunció una decisión crucial.
Conforme al artículo 142 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, se ha tomado la determinación de remover de su cargo a la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos, citando causas graves estipuladas tanto en la Constitución como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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Este procedimiento no solo refleja la autoridad del Gobernador para actuar en casos de gravedad sino también establece un mecanismo de equilibrio y control mediante la participación del Congreso Local.
La ley permite que la Fiscal pueda ser reinstalada, siempre que una propuesta sea presentada al Congreso y obtenga el apoyo de dos tercios de los votos, dentro de un marco temporal específico de 10 días hábiles después de la remoción.
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La falta de pronunciamiento por parte del Congreso en este periodo se interpreta como una ausencia de objeción a la decisión de la Gobernadora.
La Inmediata Remoción de Sandra Luz Valdovinos
Subrayando la gravedad y la inmediatez de la acción, la Gobernadora procedió a la remoción de Valdovinos, pasando la responsabilidad a las manos del Vicefiscal de Investigación, cuyo nombre no fue especificado, para seguir los lineamientos del artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero Número 500.
Este cambio administrativo llega después de un período turbulento para la Fiscalía de Investigación, marcado por la remoción del teniente Zipacná Jesús Torres Ojeda el 22 de febrero de 2024. Torres Ojeda, quien había regresado a su posición después de una pausa de seis meses no oficial, fue destituido sin un anuncio inmediato de su sucesor.
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